La situación de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí (Chocó), encendió las alertas por un nuevo caso de desplazamiento forzado.
Frente a estos hechos, la Defensoría del Pueblo se pronunció mediante un comunicado oficial, en el que señaló que los habitantes “se vieron obligados a abandonar su territorio ante el temor generado por la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales. Entre los afectados hay niñas, niños, mujeres, adultos mayores y autoridades tradicionales. Actualmente, permanecen temporalmente en la comunidad afrodescendiente de Jurubirá, sin haber logrado llegar a la cabecera municipal de Nuquí”.
La emergencia se produjo dos días después de que la Defensoría del Pueblo advirtiera sobre el deterioro de la seguridad en la zona, tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de otra en Villa Nueva.
Expresamos nuestra preocupación por el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 personas indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí (Chocó), quienes durante la tarde de este 1 de noviembre se vieron obligadas a abandonar su territorio ante el temor generado por la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales. Entre las personas desplazadas se encuentran niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales. De acuerdo con la información disponible, la comunidad permanece temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal de Nuquí. Leer pronunciamiento aquí 👇🏽
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 2, 2026
Según la entidad, “la disputa territorial entre el Clan del Golfo, autodenominado EGC, y el ELN está poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de las comunidades”. Además, alertó que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían considerando abandonar sus hogares por temor a la violencia, por lo que pidió tomar medidas preventivas para evitar nuevos desplazamientos.
Además, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria a las familias desplazadas, facilitar su traslado seguro y activar las rutas de atención a víctimas.
Asimismo, pidió reforzar las medidas de prevención y protección en las comunidades que permanecen en sus territorios, especialmente en Puerto Indio, ante el riesgo de nuevos desplazamientos. La entidad también informó que mantiene presencia en Nuquí para hacer seguimiento a la emergencia y coordinar la respuesta institucional.
“Mantenemos presencia institucional en Nuquí, realizando labores de seguimiento, verificación y articulación con las competentes”, concluye la entidad en el documento.