La Defensoría del Pueblo rechazó la campaña de desprestigio y desinformación que, durante las últimas semanas, se ha desarrollado contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y advirtió que estos ataques, algunos de ellos con expresiones de violencia de género, afectan su buen nombre, su integridad y la autonomía judicial.
La entidad expresó su preocupación por publicaciones y pronunciamientos de la senadora María Clara Posada y el senador Germán Rodríguez, en los que se habrían difundido fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de la magistrada con antiguos integrantes de las FARC-EP.
La Defensoría del Pueblo señaló una campaña de desprestigio y desinformación que se ha desarrollado durante las últimas semanas contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). https://t.co/EdMU2J331h
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 24, 2026
También cuestionó expresiones como “anda de amores con Timochenko”, al considerar que trasladan la discusión del ámbito jurídico al terreno de los ataques personales y los estereotipos de género.
La Defensoría señaló que las acusaciones desconocen los resultados verificables del trabajo judicial de Lemaitre. Según la entidad, su despacho ha emitido nueve autos de imputación contra 74 antiguos comandantes de las FARC-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Además, las investigaciones del Caso 01 contribuyeron a las condenas impuestas por el Tribunal para la Paz a integrantes del antiguo Secretariado de esa guerrilla por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio.
El organismo también advirtió que la violencia digital tiene consecuencias que trascienden las redes sociales, pues puede afectar la seguridad, la vida personal y el ejercicio profesional de las mujeres que desempeñan funciones públicas.
En ese sentido, recordó que quienes ocupan cargos de representación política tienen una responsabilidad especial frente al rigor de la información que divulgan.
Por ello, solicitó a los congresistas involucrados rectificar las afirmaciones falsas o carentes de sustento y abstenerse de reproducir contenidos descontextualizados o expresiones que promuevan la estigmatización y la violencia de género.
No obstante, la Defensoría reconoció que las actuaciones de la JEP pueden ser objeto de cuestionamientos y reformas mediante los mecanismos institucionales correspondientes.
En el marco de los diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, invitó al Congreso, al Gobierno, a la Jurisdicción, a las víctimas y a la sociedad a impulsar un debate plural y constructivo sobre la eficacia de los procedimientos, la imposición de sanciones restaurativas y el fortalecimiento de la reparación.
La entidad reiteró que defender la independencia judicial no significa impedir las reformas, sino garantizar que se discutan con argumentos, información verificable y respeto por el Estado de derecho, los derechos de las víctimas y la separación de poderes.