Una organización criminal tenía su fuente de abastecimiento en los almacenes y armerillos de bases militares en diferentes puntos del país y su cabecilla está privado de la libertad en una celda de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. El CTI desarticuló esta red de tráfico de armas.
Una investigación de la Fiscalía reveló cómo esta organización criminal lograba extraer y comercializar ilegalmente municiones y otros elementos de uso exclusivo de la Fuerza Pública, mediante maniobras que habrían permitido alterar los registros y controles establecidos para la custodia del material en diferentes sedes militares.
“Con la coordinación de un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional capturaron a cinco señalados integrantes de la organización en Armenia (Quindío), Ibagué (Tolima), Florencia (Caquetá), Villavicencio (Meta) y Bogotá”, explicó la Fiscalía.
Entre las personas capturadas se encuentran tres suboficiales del Ejército, uno en servicio activo y dos en retiro, además de dos civiles y alias Sargento García, identificado como Óscar Roberto Cediel, quien cumple una condena por el delito de tráfico de armas y, de acuerdo con la investigación, desde su celda coordinaba las actividades de esta red de delincuentes.
Una red que habría infiltrado depósitos militares para sacar material de guerra quedó en la mira de la Fiscalía.
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 23, 2026
Cinco personas fueron capturadas en Bogotá, Armenia, Ibagué, Florencia y Villavicencio. Entre ellas hay tres suboficiales del Ejército Nacional —uno activo y dos en… pic.twitter.com/V8zVf7GoIz
“Las evidencias obtenidas indican que la estructura contactaba a funcionarios que desempeñaban labores de almacenistas de armamento en diferentes guarniciones. Al parecer, les ofrecían dinero y otros beneficios a cambio de alterar registros, generar legalizaciones fraudulentas y facilitar la extracción de armas, municiones y componentes. Posteriormente, estos elementos eran comercializados a diferentes grupos armados ilegales”, advirtió el ente acusador.
El director del Cuerpo Técnico de Investigaciones, el general en retiro José Luis Ramírez, advirtió que hasta el momento han sido documentados eventos delictivos en el Cantón Militar Coronel Jaime Rooke, de Ibagué, y en el Batallón de Infantería Mecanizada No. 5 ‘General José María Córdova’, en Santa Marta (Magdalena).
“En Ibagué, fue contactado un uniformado en cuatro oportunidades, en medio de una promesa remuneratoria que oscilaba entre 4.000 y 6.000 pesos por cada cartucho entregado. La cantidad solicitada entre 2025 y 2026 superó las 4.000 unidades”, señaló el general Ramírez.
La Fiscalía presentará a los capturados ante un juez de control de garantías de Bogotá y les imputará, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas; peculado por apropiación; y cohecho por dar u ofrecer.