Duelo de titanes: Duque y Santos hablarán del glifosato

El excepcional debate de esta semana entre Iván Duque y Juan Manuel Santos tendrá lugar en el salón principal del Palacio de Justicia, a instancia de los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Estos dos protagonistas antagónicos se vieron por última vez el 7 de agosto pasado, cuando Santos le entregó a Duque las llaves del Palacio de Nariño.

Ese día, el ya exmandatario dijo que no se metería en los debates políticos del país, y el novel presidente empezó a gobernar con una agenda decididamente distinta a la de su antecesor. Este jueves, por petición del alto tribunal, Santos deberá hacer una excepción para hablar en audiencia pública sobre uno de los temas más espinosos de la política nacional: las aspersiones aéreas con glifosato como fórmula de lucha contra el narcotráfico. Uno de los asuntos que más desvela a Duque y que el Gobierno de Estados Unidos sigue con ojo de águila.

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En el encuentro también estarán alfiles del anterior y del presente Gobierno. Duque intervendrá en primer lugar y podrán hacerlo también su ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el ministro de Defensa, Guillermo Botero; y la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, entre otros miembros del Gobierno nacional. Santos participará en calidad de “miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas y expresidente de la república”. Con él estará su exministro de Salud Alejandro Gaviria, tal vez el más destacado funcionario del anterior gobierno. Además, con ellos asistirá otro peso pesado: César Gaviria, también miembro de la organización internacional que promueve reformas en las políticas antinarcóticos.

Foto: Guillermo Botero, ministro de Defensa; Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Juan Carlos Pinzón, exministro de defensa del gobierno Santos.

Así mismo, está invitado el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, pero nadie sabe la posición que sostendrá ante la corte. Se trata de un pupilo de Santos, aunque ahora reniega públicamente de la política “blanda” que aquel Gobierno habría implementado para combatir los cultivos ilícitos. Otras dos visiones opuestas –el norte y el sur del país– estarán presentes en la audiencia pública con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y el de Nariño, Camilo Romero.

Estos departamentos aparecen entre los más afectados por el crecimiento exponencial de los cultivos de coca, que a nivel nacional en 2013 abarcaban 48.000 hectáreas; este año los expertos los calculan en 180.000, según el censo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Para muchos esa disparada de los cultivos se explica en que en 2015 la Corte Constitucional prohibió asperjar con glifosato las plantaciones, por el probable daño que ese herbicida produciría a la salud humana y al medioambiente.

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El mismo estudio de Naciones Unidas indica que en 2013 el departamento de Nariño tenía 19.600 hectáreas y a diciembre de 2017 se contabilizaron 45.700. En Antioquia, en el mismo periodo, la cifra pasó de 6.096 a 13.700 hectáreas. Ante esa situación, el gobernador Pérez –con el respaldo del Gobierno nacional– ha puesto en marcha programas piloto de fumigación con glifosato a través de drones. Por su parte, el gobernador Romero insiste en que regresar al herbicida es envenenar los territorios y garantizar un problema social. En efecto, dice, las aspersiones desplazan a las familias, que buscan de cualquier forma volver a sembrar coca en otra parte.

Esa dicotomía diferencia la visión de Santos de la de Duque frente al problema. El Gobierno del primero acató la prohibición de la Corte Constitucional, y enfatizó los programas de erradicación manual y de sustitución de cultivos, mientras a nivel internacional agitó el debate para abordar la problemática desde otras ópticas más allá de la criminal. El Gobierno de Duque, en cambio, piensa que la fórmula de Santos, de la mano de la sentencia prohibicionista de la Corte Constitucional, llevó al país a “nadar en cultivos coca”.

El Gobierno de Estados Unidos cree que en Colombia realmente hay 220.000 hectáreas de coca, y ha revivido el fantasma de la “descertificación” con el que castiga –con menos recursos– a los países que fallen “de manera demostrable” en la lucha contra las redes internacionales del narcotráfico. En esa lógica los gringos piden volver a fumigar con glifosato, y el Gobierno de Duque está comprometido, además de convencido, frente a ese requerimiento. Cifra sus esperanzas en otra sentencia de la Corte Constitucional, que data de abril de 2017, que podría abrir la ventana para reversar la prohibición de asperjar con el polémico herbicida.

En esa sentencia, la corte confirmó el veto al glifosato, pero al mismo tiempo señaló que el Consejo Nacional de Estupefacientes podría autorizar su empleo para erradicar cultivos ilícitos con una serie de condiciones. Entre estas, señaló una que por su amplitud parece imposible de alcanzar: “Cualquier decisión que se tome alrededor del tema deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.

Para muchos analistas exigir “ausencia de daño” es una forma diplomática y reeditada de prohibir el glifosato en Colombia. Ese requisito, en términos absolutos, no lo puede cumplir una Coca-Cola baja en azúcar ni mucho menos un pesticida. Cabe recordar que la casa matriz del glifosato, Monsanto, recién fue sentenciada en Estados Unidos a pagar 289 millones de dólares por no advertir que el producto es cancerígeno. La compañía insiste en que no lo es. Y eso es lo mismo que discuten en Bogotá. La corte ha dicho que prohíbe el glifosato por el principio de precaución, pues hay estudios científicos definitivos que prueban que es inocuo.

El Gobierno ve en la audiencia de esta semana una oportunidad para manifestar que cumplir la sentencia es imposible, pues escapa de toda posibilidad conseguir evidencia “objetiva y concluyente” para demostrar la “ausencia de daño”. Y para ello planteará que, por ejemplo, en los cultivos de café también usan el herbicida sin que nadie alegue que es cancerígeno o que degrada el medioambiente.

Uno de los momentos clave del debate de este jueves llegará cuando la corte pregunte por los proyectos piloto de fumigación con drones realizados en Antioquia. Hasta ahora nadie entiende cómo logró el departamento poner en marcha esas pruebas sin que el Consejo Nacional de Estupefacientes haya verificado que cumplen los requisitos “imposibles” que el alto tribunal impuso en su sentencia de 2017.

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La audiencia pública de este jueves será dirigida por el magistrado Alberto Rojas. También contará con la particiapación de varios científicos nacionales y extranjeros, así como representantes de Naciones Unidas y el director antinarcóticos de la Policía Nacional. Sin embargo, por los intereses políticos en juego desde ya está claro que los reflectores estarán en lo que digan el presidente Duque y el expresidente Santos. Y que Estados Unidos, a la distancia, seguirá con lupa todos los detalles el excepcional debate.