En la mañana de este jueves 17 de septiembre, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, tendrá un cara a cara en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La congresista deberá responder en indagatoria -en compañía de su abogado- por las presuntas irregularidades que se presentaron en el desarrollo de un operativo en el que terminó involucrado Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, en la cárcel La Picota, de Bogotá.
El alto tribunal indaga a la dirigente política antioqueña por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de función pública.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema busca establecer si la congresista se extralimitó en sus funciones y competencias en medio de un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en el centro carcelario.
Para ese momento era coordinadora de la mesa sociojurídica con las estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá por parte del entonces gobierno de Gustavo Petro.
En los hechos materia de investigación se reseña que en el operativo que se adelantó en la cárcel ubicada en el sur de Bogotá, las autoridades incautaron un arma de fuego a partir de información entregada por Pipe Tuluá, quien era jefe de la banda criminal de La Inmaculada.
Dicha arma, según trascendió, iba a ser utilizada por Pipe Tulúa para atentar contra Geovany Andrés Rojas, alias Araña, máximo cabecilla de la estructura armada de los Comandos de Frontera, quien se encontraba en el pabellón de extraditables de La Picota.
Ese episodio se dio en medio del proceso de extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos, donde estaba siendo requerido por delitos asociados al narcotráfico y concierto para delinquir agravado. La propia Corte Suprema avaló la extradición.
#Nación | Inaudito: Isabel Zuleta aplazó su testimonio en caso de Pipe Tuluá por supuesto viaje, pero estaba en una entrevista en RTVC.https://t.co/qIr6oNpLqs
— Revista Semana (@RevistaSemana) June 26, 2026
La indagación busca establecer si la congresista solamente estuvo en el allanamiento o lideró el procedimiento que llevó a la incautación de esa arma de fuego.
De comprobarse esto último, se podría decir que la senadora usurpó las competencias dadas por el Gobierno, puesto que estas incautaciones de armas eran responsabilidad exclusiva de las autoridades penitenciarias y judiciales.
La senadora del Pacto Histórico se ha defendido en distintas oportunidades asegurando que su participación en ese operativo se dio en medio de las funciones políticas y de verificación en medio de los procesos de paz que adelantó el anterior gobierno. También ha manifestado que no tuvo intención de intervenir en el proceso judicial.