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Ituango, Antioquia.
Ituango, Antioquia. - Foto: Cortesía: Gobernación de Antioquia.

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Este miércoles, el Estado colombiano pide perdón y reconoce su responsabilidad por las masacres del Aro y La Granja

El acto será hoy en Medellín, en cumplimiento de una sentencia de 2006, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En un evento que se llevará a cabo a las 9:00 a. m. en el museo Casa de la Memoria, en el parque Bicentenario, de Medellín, y al cual asistirá el presidente Gustavo Petro, el Estado colombiano pedirá perdón y reconocerá su responsabilidad por dos de las más desgarradoras masacres que ocurrieron en Ituango, Antioquia.

Los hechos se registraron en los corregimientos de El Aro, el 25 de octubre de 1997, y La Granja, el 11 de junio de 1996.

Se trata del cumplimiento de una orden impartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia fue proferida el 1 de julio de 2006, hace 16 años, y en la que según el fallo hubo participación de agentes estatales, militares, que actuaron de la mano de paramilitares para asesinar población civil. En El Aro masacraron a 17 y en La Granja, otros cinco.

“Que el presidente de la República de Colombia pida perdón a las víctimas, sus familiares y a las poblaciones afectadas, y aclare que las víctimas de las masacres ocurridas en La Granja y El Aro fueron personas dedicadas a labores agrarias y ganaderas, honradas y trabajadoras, acusadas falsamente de ser colaboradoras de las guerrillas, quienes fueron masacrados por grupos paramilitares que contaron con el apoyo de agentes del Estado”, sostiene la sentencia de la CorteIDH.

Para los abogados de las víctimas, este reconocimiento es de vital importancia, pues se trata de dignificar la memoria de las personas asesinadas en estas dos masacres.

Días antes de este evento se conoció una carta en la que las víctimas de la masacre de El Aro y otros habitantes de la región pidieron que la ceremonia derive en acciones que permitan mejorar la calidad de vida en el territorio, pues el corregimiento sigue sin tener vías de comunicación y pocas oportunidades de desarrollo.

“Hace 25 años, la vida campesina y próspera que nos caracterizó, fue arrancada por quienes consideraron que la muerte de los nuestros, la quema de nuestro pueblo, arrasar todas nuestras formas de económica y llevarse nuestra dignidad; podía ser parte de sus decisiones”, se lee en una carta de la Junta de Acción Comunal de El Aro.

En esa misma carta también le solicitan al presidente Gustavo Petro que se pida perdón en su territorio ante todos los habitantes y que de esa manera se cierre un proceso que permita la reparación integral que, consideran, no ha llegado.

“Algunas de las víctimas ni siquiera son reconocidas y el proceso no es claro para otras cuantas, nuestra forma de vida aún no tiene condiciones de dignidad y la propuesta de que la única medida en el marco de este evento sea la imposición de una placa nos parece que desconoce lo que somos y lo que hemos vivido”, sostiene la comunicación.

El reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano será transmitido en distintas plataformas, y es también, según defensores de Derechos Humanos, una reivindicación a la labor de Jesús María Valle, quien fue asesinado cuando acompañaba a las víctimas de esos crímenes.

Dos hermanos, clave en el asesinato del líder social Jesús María Valle y las masacres de El Aro y La Granja, están dispuestos a contarle a la JEP la verdad de algunos de los crímenes más escabrosos de la década de los noventa en el país.

El fallo de la Corte fue claro al señalar la participación de los militares que estaban asentados en Ituango cuando sucedieron los hechos.

“Está comprobado que agentes estatales tenían pleno conocimiento de las actividades de terror realizadas por estos grupos paramilitares. Efectivamente, la participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquella, resultando así en la total indefensión de estos. Dicha colaboración entre paramilitares y agentes del Estado resultó en la muerte violenta de diecinueve pobladores de La Granja y El Aro”, afirma la sentencia.