SEMANA conoció el expediente de una batalla judicial que libra un mayor retirado del Ejército Nacional de Colombia con el Estado colombiano tras haber denunciado presuntos hechos de corrupción en las Brigadas Logísticas de esta institución militar durante varios años, cuando estaba activo.
Diego Fernando Neuto Yate comenzó a documentar cada una de las supuestas falencias o los presuntos hechos de corrupción que este habría detectado desde los cargos que ocupó. Desde esos cargos elaboró informes, estudios y diagnósticos en los que alertó sobre presuntas irregularidades que, según su versión, comprometían el manejo de inventarios, la contratación, el almacenamiento de armamento y el control de recursos estratégicos de la institución. Lo anterior está adjunto en una demanda que cursa ante un juzgado de La Guajira.
Sus actuaciones terminaron truncando su ascenso al grado de teniente coronel y luego su retiro del servicio activo. De acuerdo con la documentación, esta controversia comenzó en noviembre de 2024, cuando la Junta Asesora del Ministerio de Defensa decidió no recomendar su ascenso al grado de teniente coronel.
Días después, el Decreto 1442 del 29 de noviembre de 2024 oficializó los ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares, dejando por fuera al mayor Neuto Yate. El oficial en retiro asegura que la decisión careció de una justificación válida.
“DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO DECRETO 1442 DE FECHA VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2024, que contiene el listado del ascenso del personal de oficiales de las Fuerzas Militares, del cual el mayor Diego Fernando Neuto Yate fue excluido sin justa causa”, dice.
La demanda en poder de SEMANA precisa que esta decisión afectó gravemente una carrera militar construida durante años de servicio y solicita que se ordene su ascenso con efectos retroactivos.
“Promover el ascenso de mi poderdante Diego Fernando Neuto Yate al grado de teniente coronel del Ejército Nacional y pagar en forma indexada todos los salarios, primas, vacaciones, sobresueldos, auxilios, bonificaciones y demás emolumentos compatibles con dicho grado”, se lee.
Lo que llama poderosamente la atención es que, en medio de todos los documentos, el oficial anexó un extenso informe que fue enviado al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el que el mayor expuso una radiografía de lo que calificó como fallas estructurales y posibles hechos de corrupción dentro del sistema logístico militar.
Desde las primeras páginas del documento, Neuto Yate advirtió que los problemas eran el resultado de años de acumulación de errores administrativos, contractuales y operativos.
“Nada es coincidencia, todo es consecuencia de hechos que vienen acumulándose. Mis acciones siempre han estado dirigidas a mejorar la logística militar y hacerla competitiva, no solo frente a otras instituciones, sino también frente al sector privado. Sin embargo, las investigaciones y respuestas obtenidas frecuentemente terminan en la inacción”, precisó el oficial hoy retirado en el informe.
El oficial también cuestionó la forma en que se venían realizando las adquisiciones para el sostenimiento de la Fuerza.
“Los procesos de adquisición no priorizan la calidad ni las necesidades reales, lo que resulta en la compra de equipos y suministros que no cumplen con los estándares requeridos. Finalmente, todas las necesidades se someten al presupuesto disponible”, agregó.
Y es que una de las situaciones más complejas que es relatada en el informe del mayor retirado habría ocurrido en medio de una inspección que realizaron al Batallón de Mantenimiento No. 1 en Bogotá. Esta revisión les permitió determinar un supuesto faltante de un material valorado en más de 233 millones de pesos.
“Finalmente, pasé el informe correspondiente al resultado de la mencionada revista con un faltante en un material de lámina de $233.473.470,11”, señaló.
De acuerdo con Neuto Yate, lo que estaba ocurriendo en esta dependencia del Ejército Nacional desnudaba la realidad: no habría controles efectivos para estas compras.
“La falla principal observada en el momento es que este batallón tenía cierta independencia; el mismo planeaba los presupuestos asignados para materia prima, el mismo participaba con sus comités en la contratación, el mismo almacenaba los bienes adquiridos y, finalmente, el mismo ejecutaba”, indicó.
Posteriormente, cuando asumió como ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate No. 21, lideró una intervención sobre el almacén de materia prima del Batallón de Mantenimiento. Los resultados quedaron consignados en otro informe.
“Se pudo evidenciar faltantes de inventario, materiales en los cuales no puede ser verificado su contenido, materiales que no presentan rótulo de identificación según especificaciones del contrato y materiales que aparecen gastados o usados”, reveló el informe.
Las observaciones incluyeron además repuestos destinados a vehículos militares: “Se almacenan suministros y materias primas, repuestos de los vehículos Cobra, que no cumplen con la ficha técnica, además de faltar material que compone los respectivos kits, según la relación que aparece en el contrato”.
Uno de los apartes más contundentes del documento señala que las novedades encontradas no podían explicarse únicamente por errores administrativos. “Se recibe formalmente el almacén con todas las novedades plasmadas, que no son al azar, consecuencia de un desorden, posible corrupción y falta de control”, señaló el informe.
El mayor indicó que el informe menciona observaciones relacionadas con más de 12.223 fusiles destinados a procesos de desmilitarización y advirtió debilidades en los mecanismos de control y seguimiento.
“Se evidencia que el personal encargado no tenía pleno conocimiento del procedimiento que actualmente se viene realizando y manifiesta que no le han dejado el tiempo para constatar los activos que cuenta el almacén”, sostuvo.
En medio de estas alertas y advertencias que lanzó el mayor retirado Diego Fernando Neuto Yate en su informe que llegó al Ministerio de Defensa, se encuentran mencionados el entonces comandante del Batallón de Mantenimiento No. 1, teniente coronel Edwin Giovanny Prieto Santos, quien, según el informe, estaba enterado de las novedades detectadas durante la revista de inspección; el capitán Héctor Alfonso Gómez Cortez, mencionado en las verificaciones sobre el almacén de armamento para desmilitarización; el sargento viceprimero Emilio Campo Estrada, quien aparece en informes relacionados con el control de inventarios y procesos de desmilitarización; el coronel Fredy Darío Figueredo Mesa, destinatario de algunos reportes internos; y el coronel (r) José Gabriel Sarmiento Vesga, citado en investigaciones posteriores sobre presuntas irregularidades ocurridas en la Brigada Logística No. 1.
Estos oficiales solo aparecen mencionados y serán las autoridades judiciales y disciplinarias del Ejército Nacional, quienes deberán determinar si tienen o no responsabilidades en esta grave denuncia que ha conocido.
La demanda sostiene que, pese a las denuncias y a la trayectoria profesional del oficial, la Junta Asesora decidió no recomendar su ascenso y posteriormente fue apartado de la carrera militar. Por ello solicita no solo el reconocimiento del grado de teniente coronel, sino también el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.
“La sentencia definitiva condenará a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Comando del Ejército Nacional a promover el ascenso y reconocer todos los derechos económicos derivados del grado de teniente coronel”, precisa la demanda conocida por esta revista.
Mientras el Ejército sostiene que el ascenso es un proceso discrecional sujeto a criterios de evaluación, liderazgo, confianza y disponibilidad de vacantes, el caso continúa en los estrados judiciales.
La decisión final será la que determine si la exclusión del mayor Diego Fernando Neuto Yate obedeció a una valoración legítima dentro de la carrera militar o si, como sostiene el oficial, fue el desenlace de un largo enfrentamiento institucional derivado de las denuncias que presentó sobre presuntas irregularidades dentro del sistema logístico del Ejército Nacional.
SEMANA buscó al oficial retirado que realizó esta grave denuncia y que hoy tiene su caso en los estrados judiciales, pero no fue posible contactarlo.