La defensa del contralmirante (r) Gabriel Arango Bacci se opuso a la vocería del Ministerio de Defensa como representante de víctimas en el proceso penal que cursa en la Corte Suprema de Justicia en contra del excomandante de la Armada Nacional, almirante (r) Guillermo Barrera.
El abogado Jaime Granados Peña, quien representa a Arango Bacci, aseveró que durante dos décadas el Ministerio de Defensa nunca tuvo un acto de reparación por los daños causados al contralmirante, quien estuvo 18 meses privado de manera injustificada de su libertad.
“El Ministerio, tenemos que decirlo con mucho pesar, nunca, en todos estos años, a pesar de la exoneración plena del contraalmirante, no ha tenido un acto de desagravio. Nunca, ni público ni privado”, reclamó el jurista.
“No nos sentimos tranquilos con todo respeto por una Institución que frente al contraalmirante no fue leal y no ha sido coherente con lo que se ha probado en los diferentes procesos. Así que entendiendo y respetando, por supuesto, el deseo institucional del Ministerio, la postura del almirante es una postura que se mantiene”, añadió.
Este pronunciamiento se hizo en el marco de la instalación de la audiencia en la que se iba a presentar el escrito de acusación en contra del almirante Barrera por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público agravado (en calidad de autor).
En medio de la audiencia, la defensa del contralimirante -quien fue reconocida como víctima- señaló que después de 18 años se siguen presentando revictimizaciones.
“El contralmirante me ha ratificado que es su deseo que nosotros tengamos la vocería. Primero, porque toda la lucha por su honor, por su libertad, por su inocencia, por la verdad, la justicia y la reparación la ha dado él del día uno en que comenzó este proceso por allá en el año 2008 y él fue el que sufrió 18 meses de prisión, el escarnio público”, detalló ante la Sala de Primera Intancia de la Corte Suprema de Justicia.
En este caso, la Corte Suprema deberá entrar a resolver, además, la solicitud de nulidad elevada por la defensa del excomandante de la Armada Nacional que aseveró que se le afectó su derecho al debido proceso y legítima defensa al no permitirle estar presente en las audiencias.
La Fiscalía General señala al almirante Barrera de haber entregado documentos falsos que llevaron a que en el 2008 se ordenara una medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Arango Bacci por supuestamente omitir los controles en el puerto de Cartagena y permitir el paso de cargamentos de cocaína.