El lío entre empresarios y guaqueros por la disputa de la tierra esmeraldera en Boyacá

A pesar de que la conocida guerra verde terminó a finales del siglo pasado, el occidente de Boyacá sigue siendo un territorio de disputa y conflictividad por las esmeraldas. Esa confrontación a finales del siglo pasado dejó unos 35.000 muertos.

Según la Procuraduría, la pelea hoy es entre las empresas que han logrado obtener las licencias para explotar ese suelo, contra la tradición de algunas familias que se han dedicado a ese negocio desde hace varias generaciones.

Se calcula que serían unas 6.000 personas, entre las que se encuentran mujeres, ancianos, niños y personas de todas las edades que subsisten gracias al “barequeo”, como se le conoce a esa actividad minera artesanal.

Sin embargo, por otro lado, esa actividad informal estaría transgrediendo normativas ambientales que regulan a ese sector y violando los derechos adquiridos por las multinacionales que lograron contratar con el Estado sus concesiones para una explotación a gran escala.

Quienes realizan esa actividad artesanal son conocidos como guaqueros, y antes de que a ese lugar llegaran las empresas mineras, el suelo era controlado por los dueños esmeralderos que tenían los títulos mineros. Actualmente, la situación es distinta porque muchos de ellos abandonaron el negocio o resultaron envueltos en otros líos.

Ana Pabón Cobos, que lleva unos 40 años ‘guaqueando’ en esa zona, dice que esta actividad le ha dado lo suficiente para sobrevivir, pero que no es demasiado el dinero que haya logrado. “Me levanto y les echo maíz a los animales, hago desayuno y voy a la quebrada”, relata. Dice que trabaja con un pico y una maseta pequeña.

Agrega que no todos los días encuentra algo y que contrario a lo que se piensa, es una actividad que de vez en cuando da frutos. “Si la suerte le ayuda a uno hace por ahí algo, porque uno trabaja por ahí también en la finca (…) todos los días no lo emplea a uno la guaquería”, señala.

Actualmente esas zonas donde los patronos permitían a los guaqueros abrir túneles para encontrar las esmeraldas, hoy son concesiones que deben cumplir con una serie de requisitos. Las empresas tienen la exclusividad para el uso y explotación del suelo, aunque quienes han habitado allí por años no están de acuerdo con que sea así.

Eso ha generado un conflicto entre ambas partes, lo que en ocasiones ha generado problemas de orden público en el departamento. Se han presentado protestas y otras quejas de parte de quienes no quieren que las empresas exploten allí.

La Procuraduría, a través de su delegado en Boyacá, ha buscado resolver y mediar esta situación. “Para nosotros ha sido prioridad el tema del orden público, el tema de las garantías de derechos en la mediación que hay para garantizar derechos en los mineros, de su subsistencia o mineros tradicionales, con las compañías que en algún momento han iniciado trabajos en estos sectores”, dijo el procurador regional de Boyacá, Alexánder Guevara Pérez.

Agregó que es un trabajo que viene siendo gestionando desde 2018, en el que se han tratado de buscar salidas entre las empresas, las administraciones municipales y las asociaciones mineras, con el fin de realizar un trabajo coordinado entre todos.

El problema de fondo es que mientras los guaqueros reclaman una subsistencia y sus derechos sobre el territorio en municipios como Muzo, Maripí, Quípama y San Pablo de Borbur, por ser originarios de allí, las políticas ambientales que han salido en los últimos años y los empresarios que han llegado a la zona han generado el conflicto.

La salida que han encontrado los guaqueros ha sido realizar bloqueos y paros que están afectando el orden público de la zona. Por ejemplo, en octubre se registró un bloqueo a la empresa Fura Gems, que se encuentra en la vereda de Coscuez, en el municipio de San Pablo de Borbur, la cual se extendió durante 15 días.

La razón que generó esa movilización fue que la empresa cerró tres bocaminas que fueron abiertas de manera ilegal, por lo que los guaqueros decidieron bloquear las entradas y salidas de la industria impidiendo el paso de personal y de carga.

En ese momento fue fundamental la intermediación de los entes de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que buscaron solucionar el conflicto a través del diálogo, cuando ya la fuerza pública iba a intervenir en el lugar a través del Esmad.

Se establecieron unos compromisos para dialogar a través de una mesa que está siendo liderada por el Ministerio de Minas y Energía, a través de la cual se logró un acuerdo para desbloquear la zona.

En noviembre se realizó esa mesa en la que se logró que los empresarios, aunque no estuvieron de acuerdo, cedieran a que los guaqueros continúen con su actividad en algunas zonas, aunque esto ha generado que, como se trabaja sin la seguridad necesaria, se hayan registrado 12 fallecimientos de mineros en los últimos cuatro años.

Por un lado, mientras los dueños de los títulos mineros piden que se hagan cumplir las disposiciones legales para que se deje de explotar en su propiedad, del otro lado los mineros tradicionales reclaman que hay una solicitud para cerrar las bocaminas que no se encuentran permitidas dentro del POT municipal, por lo que mantendrán los bloqueos y las protestas, si es necesario.

A todo eso se le suma que en el municipio de Muzo la materia estéril, es decir, una disposición de la tierra que se produce de la excavación, históricamente ha sido entregado por los dueños de las minas a los guaqueros como contraprestación a su labor.

Ese material es arrojado desde volquetas a orillas del río Minero con el fin que las personas puedan tomarlo, lavarlo y encontrar esmeraldas. Las autoridades alertan que esta actividad no tiene ningún control y genera una gran contaminación ambiental cuando esos residuos llegan a las aguas del río.

Debido a todo esto las empresas que ahora tienen las concesiones decidieron dejar de entregarlos a la comunidad, lo que generó otra crisis social de protestas y bloqueos.

El tema se trató en la mesa de concertación del Gobierno, y el Ministerio de Minas se comprometió a presentar un proyecto de ley en el que reglamente el manejo de los residuos y la repercusión que esto tendría en los planes de manejo ambiental de los municipios.

La Procuraduría alerta que si bien se han logrado acuerdos entre las empresas y los mineros tradicionales, hay un sector amplio de la población que son personas de la tercera edad o están en proceso de envejecimiento, por lo que requieren un cuidado especial y garantizar sus derechos, así como las mujeres que se encuentran en esas comunidades.

El Ministerio Público ha gestionado salidas para que garanticen los derechos al trabajo, la propiedad y la subsistencia entre mineros artesanales y empresarios, para que pueda haber por fin una armonía en estos territorios que parece que nunca hubieran salido de la disputa por las esmeraldas.