El lío jurídico en el que está envuelto un exalcalde de Valledupar

Ante las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se entregó el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, quien tenía una orden de captura por presuntos hechos de corrupción relacionados con los delitos de peculado por apropiación agravado y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El caso se remonta al periodo 2016-2019 cuando el procesado estaba al frente de la administración municipal. De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario habría firmado un contrato por más de $ 500 millones para dar unos cursos de orientación vocacional a los estudiantes de grado 11.

Sin embargo, al parecer solo se emplearon cerca de $ 200 millones, por lo que se habría configurado un detrimento patrimonial superior a los $ 300 millones.

Según el ente acusador, en los estudios previos no se tuvo en cuenta que las universidades del país ya estaban por cerrar las inscripciones, lo que resultaría en ineficaz la capacitación que se pretendía dar.

“La tramitación del contrato de prestación de servicios vulneró los principios de la contratación pública, principalmente el de planeación, toda vez que en los estudios previos no se tuvo en cuenta que las universidades del país ya estaban ad portas de cerrar las inscripciones, lo que resultaría en ineficaz la capacitación que se pretendía dar con el contrato en cuestión, además que en el pliego de condiciones, se anotara cláusulas exorbitantes que no permitieron garantizar el principio de transparencia”.

La investigación es adelantada por la Fiscalía 12 Seccional contra delitos a la Administración Pública, quien reveló algunos detalles sobre cómo se ejecutó el convenio. “Contrató el alquiler de cuatro video-beam por 320 horas a razón de $ 100.000 la hora para un total de 32.000.000 de pesos. Alquiler de 4 computadores portátiles por 320 horas, por $ 125.000 la hora para un total de 42.000.000 de pesos”.

En este mismo lío jurídico están involucrados los contratistas Carlos Daniel Trespalacios Carreño y Cesar Augusto González Armenta. Además del exsecretario general de Educación, Luis Carlos Matute, y el exsecretario General, José Lechuga. Los dos últimos también se entregaron de manera voluntaria.

La Fiscalía determinó que el exalcalde delegó al exsecretario General, José Juan Lechuga, para la celebración del contrato con la empresa Corporación de Desarrollo Social “CRECIENDO”, la cual era representada legalmente por Trespalacios Carreño. A su vez, Carreño subcontrató a Cesar González Armenta para el desarrollo de las actividades contratadas.

A pesar de toda la argumentación del fiscal, los imputados no aceptaron cargos.

Cabe recordar que el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, tiene en su contra una detención domiciliaria, al ser hallado responsable del delito de corrupción al sufragante, porque presuntamente ofreció dádivas a familias invasoras en Valledupar a cambio de votos durante la campaña electoral de 2011.