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El proyecto de ley, la mansión y el préstamo con el mecenas del petrismo, Euclides Torres, que tienen enredado a Benedetti en la Corte Suprema

SEMANA revela la investigación de la magistrada Cristina Lombana contra el ministro Armando Benedetti, por supuestamente tramitar un proyecto de ley para favorecer al financiador Euclides Torres.

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12 de noviembre de 2025, 1:11 p. m.
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Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Desde hace más de un año, la magistrada Cristina Lombana ha venido avanzando en la investigación contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por el trámite de un proyecto de ley que, según la investigación, favorecía directamente al polémico empresario Euclides Torres y habría terminado enriqueciendo los bolsillos del hoy superministro Benedetti.

Todo empezó el 6 de julio del año pasado, cuando Lombana le abrió una investigación formal al entonces congresista, por los delitos de concierto para delinquir en concurso con cohecho propio y enriquecimiento ilícito de servidor público.

SEMANA tiene en su poder este expediente, y la historia se remonta al año 2010, cuando el entonces senador presentó un proyecto de ley que implementaba un certificado de aptitud psicofísica para el porte y la tenencia de armas de fuego, según la Corte, “se tramitó, al parecer, para favorecer los intereses de Simetric S.A.”, una empresa de propiedad del propio Euclides Torres.

La magistrada Lombana señaló desde ese momento que Benedetti y Torres se habrían asociado para construir “una empresa criminal que permitiría legislar en favor de los intereses económicos” del cuestionado empresario.

Euclides Torres es el mismo hombre que ha sido mencionado por Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, como uno de los principales financiadores de la campaña que le permitió a su papá llegar a la Presidencia de Colombia. Hoy Nicolás Petro Burgos es procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, Torres ha sido aliado de Benedetti desde hace años, su financiador.

La polémica por el allanamiento en la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti

Señala el documento en poder de SEMANA que al acuerdo Benedetti-Torres se sumó Efraín Torres, hijo del empresario, y Tatiana Cabello, quienes eran representantes a la Cámara en ese momento. Torres y Cabello se convirtieron en la talanquera para el trámite de otra ley conocida como “la Ley del Vigilante”: la frenaron, para que la ley que impulsaba en esos momentos Benedetti siguiera su trámite exitoso, favoreciendo al mecenas de petrismo.

La magistrada Lombana fue enfática en la apertura de la instrucción, al señalar que esa jugada habría permitido “mantener en el tiempo el monopolio generado en torno a la actividad económica de expedición de certificados de aptitud psicofísica para el porte de armas, en cabeza de la empresa Simetric S.A.”.

Lo cierto es que después de esas particulares movidas en el Congreso, la Corte pudo establecer que el patrimonio del actual ministro del Interior de Colombia reflejó un incremento que hoy lo tiene investigado en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, a quien llamó en las últimas horas “loca, demente y delincuente”.

El documento de Lombana detalla de la investigación que “Benedetti adquirió por interpuesta persona (su cónyuge Adelina Guerrero Covo) una casa ubicada en la Urbanización Pradomar del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, al señor Luis Alberto Nicolella de Caro, por 3.694 millones de pesos, que según el testimonio de Torres Romero, salieron de una de sus empresas como préstamo”.

  El polémico empresario Euclides Torres es señalado de financiar la campaña de Petro.
El polémico empresario Euclides Torres es señalado de financiar la campaña de Petro. | Foto: suministrada a semana api

Sin embargo, la Sala de Instrucción determinó que Euclides Torres no aparece como propietario en la sociedad para adquirir ese predio y, para ese momento, tampoco tenía soporte de garantía alguna o del pago del supuesto préstamo del ministro Benedetti o de su esposa.

Un allanamiento que lo sacó de sus cabales

Fuentes dentro de este proceso le confirmaron a SEMANA que esta investigación sería la piedra angular para que el ministro de la política en Colombia se saliera de sus casillas en las últimas horas y lanzara duros calificativos en contra de la magistrada que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La controversia comenzó después de que la magistrada Cristina Lombana llegó acompañada por un grupo de 30 uniformados a la lujosa mansión que tendría en Lagos de Caujaral, un ostentoso condominio conformado por millonarias viviendas, que —en caso de la de Benedetti— tendría hasta vínculos con Álex Saab, el todopoderoso ministro de Industria del régimen de Nicolás Maduro.

El allanamiento en Barranquilla a la casa de Armando Benedetti, ministro del Interior
El allanamiento en Barranquilla a la casa de Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: Foto del video de @NoticiasRCN en X

Aunque Lagos de Caujaral no tendría relación con la costosa casa que tuvo en Pradomar, la Corte Suprema le llegó a Benedetti hasta esa lujosa mansión que tendría entre Puerto Colombia y Barranquilla, para avanzar en algunas de las siete investigaciones que actualmente tienen en la mira al ministro del Interior de Gustavo Petro.

El allanamiento provocó la furia de Armando Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana, a quien llamó “loca, demente y delincuente” y hasta anunció que la iba a denunciar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la supuesta persecución judicial que tiene en su contra.

De hecho, su esposa Adelina Guerrero salió en su cuenta de X a detallar que durante la inspección, la magistrada Lombana “me trató de ignorante, me mandó despectivamente a sentarme y a callarme. Me quitó mi celular, el cual intentaron ingresar de manera ilegal hasta bloquearlo, [...] amenazó con capturarme y me intimidó con funcionarios del Goes”.

La lluvia de calificativos del ministro Benedetti contra Lombana provocó que la Procuraduría General de la Nación le abriera una indagación preliminar para determinar si el alto funcionario del Gobierno habría incurrido en algún tipo de falta disciplinaria que lo podría dejar con un nuevo lío en la justicia.