La Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió provisionalmente un nuevo decreto expedido en el marco de la declaratoria de emergencia económica por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En esta ocasión, el acto afectado era el que buscaba activar medidas extraordinarias para blindar el sistema eléctrico y evitar una crisis nacional.
Desde el alto tribunal explicaron que la decisión se dio como consecuencia de la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, el cual declaró la emergencia económica, y permitía que se expidan medidas como el impuesto al sector energía, que ahora quedó “sin efectos”.
La decisión confirmó: “Como consecuencia de lo decidido en Auto 082 del 29 de enero de 2026, NO PRODUCIRÁ EFECTOS, a partir de la fecha, el Decreto Legislativo 0044 del 21 de enero de 2026, por el cual se adoptan medidas para propender por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el marco del estado de emergencia económica y social”.
Esta decisión estará vigente hasta que la Sala Plena de la Corte Constitucional tome una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la declaratoria de emergencia que reposa en el despacho del magistrado Carlos Camargo.
Aunque el análisis de este decreto está en el despacho del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Petro, la ponencia que dejó suspendido temporalmente este nuevo acto administrativo la presentó Paola Meneses, recientemente nombrada presidenta de la Corte Constitucional.
Hay que recordar que los magistrados Fernández y Héctor Carvajal, quien fue abogado personal del presidente Petro, fueron los dos únicos magistrados de los ocho que decidieron suspender de manera provisional el decreto madre que declaró la emergencia económica en Colombia.
Fuentes de la Corte Constitucional explicaron que, a pesar de que la ponencia para la suspensión del impuesto para el sector energía la presentó la magistrada Paola Meneses, el proceso seguirá en el despacho del magistrado Vladimir Fernández hasta que se tome una decisión de fondo.
Esta decisión podría poner en riesgo la energía eléctrica en todo el país, pues el Gobierno Petro expidió el decreto argumentando que permitía crear medidas excepcionales y transitorias para garantizar la continuidad del servicio público domiciliario, especialmente en zonas vulnerables como la región Caribe.
“El decreto responde a una perturbación grave e inminente del sistema eléctrico, derivada de la acumulación de factores financieros, operativos y estructurales que han deteriorado la liquidez de varios agentes del mercado”, explicó en su momento el Ministerio de Energía, liderado por Edwin Palma.
En las próximas semanas, la Corte Constitucional empezará a tomar decisiones sobre el decreto madre que tiene Carlos Camargo, el acto que dio medidas tributarias en el despacho de Juan Carlos Cortes y la resolución del sector energía en poder de Vladimir Fernández. Pero ahora, todos quedaron suspendidos provisionalmente.