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Emilio Tapia fue trasladado a una cárcel de Barranquilla

Esto después que se fallara una tutela a favor de los familiares del contratista que está relacionado con el polémico contrato de Centros Poblados.


El contratista Emilio Tapia Aldana enfrentará desde la cárcel El Bosque, ubicada en Barranquilla, el juicio penal que se le adelanta en su contra por las irregularidades en la celebración y ejecución del billonario contrato firmado entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TIC, que tenía como propósito la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

El traslado del empresario se da en cumplimiento al fallo emitido por el juez primero promiscuo municipal de Malambo (Atlántico) el pasado 3 de junio que resolvió una tutela presentada por la esposa del contratista en nombre de sus hijos. En la decisión judicial se avaló la protección de los derechos fundamentales a la unidad familiar, interés superior del menor, igualdad y dignidad humana, que según ella habían sido vulnerados con la decisión de trasladar a su esposo y a la cárcel de Picaleña, en la ciudad de Ibagué.

En la decisión (de 14 páginas) se advierte que el Inpec nunca justificó plenamente el traslado de Tapia, de la cárcel La Picota de Bogotá, hasta la de Picaleña de Ibagué, puesto que solamente se ordenó el cambio de reclusión después del escándalo por los permisos irregulares que había recibido el empresario Carlos Mattos, su compañero de patio.

Sin embargo, jamás se manifestó que Tapia estuviera inmerso en irregularidades dentro del plantel carcelario ni hubiese cometido actos de indisciplina. Para llegar a esta concusión, el juez analizó la respuesta enviada por el Inpec.

En el fallo se resalta que después “un estudio acucioso de las razones o sustento de los oficios negatorios de traslado solicitados al Inpec por el accionante” se concluyó que la motivación de traslado “es insuficiente teniendo en cuenta que únicamente se sustenta con razones de seguridad” y jamás se delimitó si estaban relacionadas con el interno, la comunidad carcelaria o algún funcionario.

Igualmente, se señala que en ningún momento el Instituto emitió un pronunciamiento “respecto del derecho al arraigo familiar. Aun cuando el traslado del hoy accionante, según lo indicado, responde objetivos legítimos, no indica el motivo por el cual se le ubica en un lugar de detención que, a la postre, genera más distancia y lejanía de su núcleo familiar”.

Finalmente, se advierte que el Inpec no consideró otras alternativas como la de trasladarlo a un centro carcelario cercano al punto de arraigo de su núcleo familiar, máxime considerando que “este está integrado por dos menores de edad e ignorando la repercusión que pudiera recaer sobre ellos”.

Tapia Aldana se encuentra actualmente privado de su libertad cumpliendo una condena por estar relacionado con el caso del carrusel de la contratación en Bogotá y también cuenta con una medida de aseguramiento por su participación en el escándalo del contrato de la Unión Temporal Centros Poblados.

El contratista fue llamado a juicio por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Esto por falsificar las pólizas del Banco Itaú que fueron presentadas ante el Ministerio de las TIC para recibir el Contrato 1043 de 2020 que tenía un valor de 2.1 billones de pesos.

Cuando estalló el escándalo el contratista habría intentado ejercer presiones al encargado de falsificar las actas con el fin que aceptara su responsabilidad individual.

Recientemente la Fiscalía le imputó delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Esto por el mal uso del anticipo de los 70 mil millones de pesos que recibieron los representantes de la Unión Temporal para que compraran equipos.

Este dinero habría sido utilizado por el empresario para el pago de deudas, compra de obras de arte, entre otros lujos.