“EPM se está pegando varios tiros en el pie”: Habla el contratista de Hidroituango que el alcalde Quintero quiere sacar a sombrerazos

SEMANA: Si la Contraloría ratifica el fallo de responsabilidad fiscal en el caso de Hidroituango, sería inminente tener que cambiar los contratistas del proyecto. ¿Qué estaría en riesgo?

JUAN LUIS ARISTIZÁBAL (J.A.): La obra va aproximadamente en 85 por ciento. Hoy estamos trabajando arduamente para cumplir con las metas de generación en 2022. Si se ratifica el fallo en segunda instancia de parte de la Contraloría General, nos veríamos con una inhabilidad y no tendríamos la capacidad de continuar el contrato, lo tendríamos que ceder a terceros y eso provocaría una crisis porque un contrato de esta magnitud presenta muchísimos retos y dificultades para sustituir a un contratista. Representa un reto garantizar la inercia y la continuidad del contrato.

Hoy estamos a un plazo muy cercano de encender la primera turbina y cumplir con los cronogramas que se ha fijado EPM y quisiéramos continuar apoyando a la empresa para poder cumplir un requisito inminente, que es la generación de la primera y segunda turbina y evitar unas multas para nuestro cliente EPM.

SEMANA: Si hay cambio de contratistas, ¿estaría en riesgo el proyecto?

J.A.: El proyecto de Hidroituango fue diseñado para que el agua fluya a través de las turbinas y no a través del vertedero. El vertedero y el cuenco –que es el depósito donde cae el agua cuando pasa por el vertedero– fueron diseñados para no verter. Adicionalmente, hay unas estructuras que todavía están en proceso de terminación, como son el tapón del túnel derecho y el tapón definitivo de la galería alterna de desvío (GAD), que fue el túnel que colapsó; esas obras todavía no se han terminado. Lo más importante es garantizar la continuidad del proyecto para poner a Hidroituango a generar. En caso contrario y, obviamente la probabilidad es remotísima, si llegara a haber una falla en algunas de estas estructuras podríamos tener una catástrofe.

SEMANA: ¿Eso significa que el proyecto, aunque fuera en parte mínima, estaría en riesgo si hay cambio de contratistas?

J.A.: El proyecto hoy está bajo control y si hay cambio de contratistas que nos sustituyan rápidamente, y se consiga la culminación del proyecto, obviamente ese riesgo es mínimo y remoto. Pero lo importante es terminar el proyecto. Cambiando de contratistas hay riesgos de llegar a la terminación del proyecto, se amplían los plazos de conseguir que el agua pase a través de las turbinas, y obviamente al igual que hubo una contingencia en 2018, nadie podría descartar que haya otra contingencia y que pueda haber un desastre.

SEMANA: Si Hidroituango no entra a tiempo habría la posibilidad de un racionamiento y un incremento tarifario…

J.A.: No soy un experto en la matriz energética del país. Creo que el sentido común lo que dice es que el hecho de que un proyecto que genera 17 por ciento de la energía en un país como Colombia se retrase en la entrada de generación, va a tener algún impacto. No considero que estemos cerca de un racionamiento porque, como lo ha dicho el ministro de Minas y Energía, los embalses están llenos. Pero sí va a tener impacto sobre el costo del kilovatio hora, tanto en el sector comercial como en el residencial. Eso es lo que más afecta en esta época de pospandemia y de reactivación económica de pymes y hogares.

SEMANA: ¿Por qué EPM los demanda?

J.A.: EPM nos demanda y nosotros vamos a someter esa demanda a un tribunal internacional. Estamos en proceso de empezar toda la parte operativa del tribunal, el cual ya solicitamos. Se nombraron los árbitros y en este momento empieza la etapa litigiosa, en la que presentaremos nuestras pruebas y peritazgos para demostrarle a EPM que cumplimos con todas las obligaciones contractuales. EPM nos demanda porque piensa que hay un incumplimiento nuestro. Nos vamos a defender demostrándole que no tuvimos incumplimiento.

SEMANA: ¿Y en el caso de la Contraloría?

J.A.: En el caso de la Contraloría, no somos agentes fiscales, porque a nosotros no nos entregaron anticipo y porque todas las obras que nos han pagado se han hecho a entera satisfacción de nuestro contratante, que es EPM, y nos las han pagado, por lo cual ese no es un recurso del Estado, sino que es un pago por un servicio prestado a satisfacción de la entidad pública que nos contrata.

SEMANA: ¿Hay riesgo de que las aseguradoras no paguen?

J.A.: El siniestro está amparado por las aseguradoras. Para nosotros es quizás una de las mejores pólizas todo riesgo construcción que hayamos visto en este tipo de proyectos. El amparo es cercano a los 2.500 millones de dólares, y entre esos está daños y lucro cesante. Lo que debería ser obvio aquí es que se recurra a los recursos de las aseguradoras porque el riesgo se trasladó a través de una póliza todo riesgo construcción y de una que cubre el lucro cesante.

Una vez la aseguradora haya terminado el pago de todas las reclamaciones que presente EPM, cuya póliza también nos cubre a nosotros como subcontratistas, la Contraloría debería entrar en un proceso para establecer las responsabilidades de lo que quede faltando y, obviamente, definir quién y cuánto debe pagar, según la responsabilidad de cada uno.

Hoy el fallo que tenemos es solidario por 4,3 billones de pesos, eso implica que una compañía aun del tamaño de Conconcreto, que tiene un patrimonio de 1,6 billones de pesos, con un fallo de 4,3 billones entraría en insolvencia. Por eso nos acogimos al decreto 560 de 2020 para poder conseguir organizadamente el tiempo necesario para defendernos y para que, una vez pague la compañía de seguros, nosotros podamos entrar a negociar o conciliar con la Contraloría la parte que nos corresponde, si nos corresponde alguna.

Si la compañía de seguros llegara a pagar todas las pretensiones que tiene la Contraloría, el proceso se extinguiría y no habría ninguna culpa de ninguno de los investigados en este momento. Nuestro mayor deseo es que se permita que pague la compañía de seguros y que se permita generar a la primera turbina. Estamos comprometidos con eso.

SEMANA: Algunos han mencionado que pareciera que EPM se está pegando un tiro en el pie. ¿Comparte esa apreciación?

J.A.: Pensamos que EPM se está pegando varios tiros en el pie. El primero de ellos es porque dicen que hay un error de construcción, y al ser ellos el contratista constructor del proyecto a través del contrato EPC están afirmando que son los responsables de la construcción, a pesar de que hay un subcontratista que ellos alegan que fue el que cometió el error. Entonces ellos están autoinculpándose en la construcción.

El segundo es que en la matriz de riesgos de Hidroituango S. A. S. hay una cláusula que dice que si hay una contingencia por error de diseño o por evento de la naturaleza, el riesgo es de los accionistas propietarios del proyecto, pero que si la causa de alguno de estos siniestros o retrasos es de construcción, el ciento por ciento del riesgo le corresponde a EPM.

Y el tercero, cuando empezó la contingencia fuimos llamados en garantía a demandas de responsabilidad civil extracontractual. Hay una acción popular cercana a los 10 billones de pesos. Esas acciones populares y esas demandas de responsabilidad civil extracontractual las habíamos defendido conjuntamente con EPM, alegando que la causa del colapso de la GAD era un evento de la naturaleza. Si hoy EPM dice que es un error de construcción, obviamente va a tener que enfrentar todas esas demandas y va a tener que ir a tribunales para asumir la responsabilidad, porque el error es de construcción y está alegando que él fue el responsable.

SEMANA: El alcalde Daniel Quintero ha dicho que tienen que pagar y que hay un detrimento de 12 billones de pesos. ¿Cuál es su posición?

J.A.: Para mí el sentido común dice que si uno traslada un riesgo debe esperar a que la compañía de seguros pague hasta el monto que considere pertinente de acuerdo con las condiciones de la póliza. Pero además, y lo hemos dicho en muchas instancias, los jueces nuestros en este caso son los árbitros del tribunal de arbitramento internacional y obviamente la Contraloría. Respetamos todos los entes de control y los mecanismos jurídicos en los cuales nos permitan defendernos y tener un debido proceso.

El alcalde no es nuestro juez, nuestro juez es el tribunal de arbitramento internacional o la Contraloría.

SEMANA: El alcalde habló de cambios en la calidad de elementos en la construcción. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a estas denuncias del alcalde?

J.A.: Es un tema tan delicado y tan complejo que afecta la reputación de una compañía que tiene 60 años de historia, con una transparencia y una ética que es nuestro mayor valor y principio. Y además estamos inscritos en el mercado de valores y con solo las declaraciones del alcalde, el valor de la acción de Conconcreto tuvo una caída del 17 por ciento. Eso afecta a los ahorradores colombianos, muchos de ellos a través de fondos privados de pensiones, y a inversionistas que tienen acciones de Conconcreto. Si el alcalde está diciendo eso, lo único que nosotros queremos es que aporte las pruebas, porque las queremos conocer y también rebatirlas.

SEMANA: ¿Cuáles son las soluciones que están viendo?

J.A.: El deseo nuestro y de todas las partes que estamos interesados en sacar adelante a Hidroituango es que se consiga el tiempo necesario para que el consorcio y los demás subcontratistas podamos poner en marcha la primera turbina, pues hay un pago de 460 millones de dólares una vez se empiece a generar energía en Hidroituango. Ese pago, conjuntamente con el pago que han hecho las compañías de seguros por 350 millones de dólares, está bastante cerca de las pretensiones de la Contraloría.

Si EPM avanza aún más en las reclamaciones, con seguridad vamos a cubrir la totalidad de las pretensiones de la Contraloría y se extinguiría el proceso.