Una delicada advertencia hizo la Contraloría General de la República al gobierno del presidente Gustavo Petro alrededor de la crisis y el grave deterioro que se está evidenciando en el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria.
Desde 2023, el ente de control lanzó esa alerta a la Superintendencia de Salud, pero ahora el llamado se amplió al Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, pues dos años después de ese primer llamado, la situación se ha agravado de manera significativa.
La Contraloría reconoció que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ha aumentado el pago de la deuda con los hospitales públicos, pero la deuda pasó de 12 a 16 billones de pesos en solo nueve meses, además de una alta concentración de recursos girados a los prestadores privados.
La delicada advertencia de la Contraloría reflejó un “grave y progresivo deterioro” sobre el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del páis, pero destacó que esta situación “amenaza seriamente la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud”.
El análisis hecho por el ente de control sobre esta difícil situación terminó calificando como “preocupante” la asfixia financiera a la que estaría siendo sometida la red pública hospitalaria, teniendo en cuenta que llega a más de 600 municipios y a las zonas más alejadas del país.
Ese complejo panorama salió a flote después de los estudios que se adelantaron sobre las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado; así fue como se evidenció que los riesgos que advirtieron hace dos años persisten y se agudizan de manera significativa.
#Salud | Liquidar las EPS, como lo propuso Petro, es un “desmantelamiento muy riesgoso del sistema de salud”.https://t.co/X21ifMa8Br
— Revista Semana (@RevistaSemana) January 22, 2026
“Persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluyendo las intervenidas, frente a servicios financiados con la UPC, lo que demuestra que las medidas adoptadas por la Supersalud han sido insuficientes e ineficaces, confirmando el riesgo de pérdida de recursos públicos previamente advertido”, señaló la Contraloría.
Por esa razón, la advertencia no es solo para la Supersalud, sino que ahora cobija al rector del Sistema, es decir, al Ministerio de Salud, al constatar que el problema impacta directamente en esa cartera.
La Asociación de Empresas Sociales del Estados (Acesi), le reportaron a la Contraloría que la cartera de las seis EPS con mayor deuda creció casi 42% entre el 2024 y 2025, al pasar de 4,5 a 6,4 billones de pesos. Esto ha ocasionado un impacto severo en la liquidez, la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa de los hospitales públicos.
El análisis concluyó que en 2024 los hospitales públicos facturaron 18,8 billones de pesos, pero solo recibieron pagos por 15,7 billones de pesos, generando cartera al 16%. Entre enero y septiembre de 2025 la cosa empeoró, pues se facturaron $16,3 billones y se pagaron únicamente $12,6 billones (77%), lo que representó una caída de 7%.
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