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Estos eran los lujos de bandas dedicadas a la explotación sexual de menores en Bogotá

La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio las propiedades que estaban bajo control de estos proxenetas de niños en Bogotá.


Casas, apartamentos y sociedades en Bogotá estaban a nombre de los cabecillas o de testaferros de organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de menores. Los delincuentes concentraron su actividad criminal en las mismas propiedades que ahora pasaron a manos del Estado, a través de los procesos de extinción de dominio.

Las bandas impactadas estaban ubicadas en las localidades de Kennedy y Mártires, en el centro de Bogotá. Los delincuentes de ‘Las Arandias’ y ‘Los Coteros’, las organizaciones que se enquistaron en Bogotá, lograron amasar una fortuna con las actividades criminales y el sometimiento de menores de edad y mujeres en los locales que tenían a su disposición.

“La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre ocho bienes que habrían sido destinados por las redes delincuenciales ‘Las Arandias’ y ‘Los Coteros’ para la trata de personas y la explotación sexual con fines comerciales”, explicó la Fiscalía.

Para los investigadores es claro que los bienes, ahora en manos del Estado, fueron adquiridos con el dinero que dejaban las actividades criminales a cargo de estas dos organizaciones que obligaban a menores de edad a ejercer actividades sexuales en los mismos locales ocupados con fines de extinción de dominio.

“El trabajo investigativo del CTI y de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió establecer que ‘Los Coteros’, al parecer, dispusieron de un local en Kennedy para someter a mujeres a tratos crueles e indignos”, señaló la Directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado Sierra.

La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio las propiedades que estaban bajo control de bandas dedicadas a la explotación sexual de niños en Bogotá.
La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio las propiedades que estaban bajo control de bandas dedicadas a la explotación sexual de niños en Bogotá. - Foto: Fiscalía

Los locales y las casas, que fueron incautadas por la Fiscalía, eran bien conocidas por la comunidad, incluso se habían denunciado con anterioridad los hechos de inseguridad que generaban, solo con su permanencia en los sectores donde estaban ubicados, de ahí los reportes de las mismas autoridades, que ahora se traducen en la incautación.

“Las víctimas, presuntamente, eran obligadas a sostener relaciones íntimas durante largas jornadas, y amenazadas con quedarse sin alimentación o recibir multas si no accedían a los propósitos sexuales de otras personas”, explicó la Fiscalía tras concluir los operativos que se desarrollaron con el apoyo de la Policía.

Las Arandias, la banda que delinquía en el centro de Bogotá, en el barrio Santa Fe, la conocida zona de tolerancia, tenía, según la Fiscalía, al menos cuatro propiedades que utilizan justamente para ocultar las actividades relacionadas con la explotación sexual de menores, el delito y el motivo principal, de los operativos de extinción de dominio.

La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio las propiedades que estaban bajo control de bandas dedicadas a la explotación sexual de niños en Bogotá.
La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio las propiedades que estaban bajo control de bandas dedicadas a la explotación sexual de niños en Bogotá. - Foto: Fiscalía

“Los cuales eran usados para explotar sexualmente con fines comerciales a varias menores de edad extranjeras, cuyas edades oscilaban entre los 14 y los 18 años. Esta organización, supuestamente, falsificaba documentos de identidad de las adolescentes para hacerlas pasar como mayores de edad”, señaló la funcionaria de la Fiscalía.

Los bienes que ahora pasan a la administración del Estado, a través de la Sociedad de Actividades Especiales, están avaluados en más de 3.500 millones de pesos según la propia dirección de extinción de dominio de la Fiscalía. La SAE será la encargada de revisar y definir qué podrán hacer con esas propiedades.