Exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro se suman al rechazo que ha provocado el decreto que declaró la emergencia económica en Colombia. Una situación con la que se pretende recoger más de 11 billones de pesos en impuestos.
El magistrado Carlos Camargo, ponente en este proceso, le pidió a académicos, expertos y diferentes sectores en la materia que entregaran sus conceptos frente a la declaratoria que firmó el presidente Gustavo Petro y la viabilidad frente a la Constitución y la ley.
Dos de esos conceptos que llegaron fueron los del exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, y el del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien ha tenido una postura crítica sobre el gobierno del que hizo parte.
En un documento dirigido al magistrado Carlos Camargo, ponente en este caso, Ocampo fue contundente al afirmar que “la declaratoria no identifica un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario que justifique la activación de un estado de excepción”.
Para el exministro de Hacienda de Petro, los argumentos en la declaratoria son desequilibrios estructurales ampliamente conocidos, como las obligaciones permanentes, pasivos acumulados, rigidez presupuestal, presiones en sectores como salud, energía, seguridad, atención de desastres y cumplimiento a las sentencias.
“No se trata de choques inesperados, sino de la materialización previsible de riesgos fiscales advertidos con antelación en el debate presupuestal y en los marcos fiscales recientes”, le dijo José Antonio Ocampo al magistrado Camargo.
El exfuncionario del Gobierno enfatizó que, en la perspectiva macroeconómica y de planeación fiscal, el rechazo de reformas tributarias o leyes de financiamiento en el Congreso, no constituye un evento extraordinario que permita declarar un estado de emergencia económica.
Ocampo señaló esos “resultados posibles y plenamente previsibles del proceso democrático, que deben ser incorporados en el manejo ordinario de las finanzas públicas y en la programación del gasto”.
También explicó que es una expresión legítima del principio democrático y del equilibrio de poderes que el Congreso de la República rechace una ley de financiamiento, pero no es un “hecho sobreviniente” esas decisiones que toma con autonomía el legislador.
Pero el exministro Ocampo fue mucho más allá y advirtió que la emergencia económica podría traer consecuencias más relevantes, como el debilitamiento de la democracia fiscal, podría erosionar la credibilidad de las reglas del juego y distorsiona los incentivos para una gestión sostenible de las finanzas públicas.
Ese tipo de conceptos permitieron que el magistrado Camargo construyera una ponencia pidiendo la suspensión de manera provisional de dicha declaratoria hasta que la Corte Constitucional tome una decisión de fondo. La Sala Plena tiene la última palabra.