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Expresidente Andrés Pastrana y el Registrador Vega
El registrador Alexander Vega y el expresidente Andrés Pastrana - Foto: Semana

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¿Falta de transparencia en las elecciones? El duro derecho de petición de Pastrana a la Registraduría

El exmandatario cuestionó sobre si el registrador Alexánder Vega tendría un posible conflicto de interés con la empresa que hará el conteo de los votos en los próximos comicios.

En un explosivo derecho de petición, el expresidente Andrés Pastrana hizo duros cuestionamientos al registrador Alexánder Vega y a la labor que desempeñará la empresa española Indra, dueña del software adquirido por la Registraduría para el conteo de los votos en los próximos comicios.

En el documento, el expresidente arranca cuestionando al registrador Vega sobre una invitación que, según él, realizó el funcionario en 2019, como una especie de relacionista público de Indra, al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo; al gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y al representante Erasmo Zuleta, para que conocieran el programa de la compañía. Pumarejo y Zuluaga se posesionaron en sus cargos en 2020, mientras que Vega asumió la Registraduría a finales de 2019.

El expresidente aseguró que existe una posible controversia que podría llevar a un “conflicto de interés”, en la medida en que Indra es la misma empresa que hará el conteo de los votos en las próximas elecciones.

“Se observa que la empresa Indra Sistemas es la firma elegida para hacer la consolidación y divulgación de los votos de los comicios electorales del presente año en Colombia (...) Dicha situación se torna aún más preocupante cuando están identificados dos contratos vigentes y listos para ejecutar entre la empresa Indra y la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, todo en relación a la votación llamada a efectuarse en el presente año”, apuntó el expresidente en su derecho petición dirigido a la Registraduría, en el que plantea varios interrogantes.

A la empresa Indra le fue adjudicado el contrato para proveer el software para el conteo de votos, en medio de un proceso licitatorio por 27.000 millones de pesos que fue cuestionado por algunos sectores por la premura con la que se habría hecho. Además, hubo un solo proponente.

Entre los interrogantes planteados por Pastrana a la Registraduría en su derecho de petición se encuentran cuestionamientos sobre si en la Registraduría o en el Consejo Nacional Electoral se discutió la política de prevención del fraude para los próximos comicios, qué organizaciones, además de Indra, vigilarán el escrutinio en las elecciones y si se analizó o discutió un posible conflicto de interés del registrador Vega.

Hace algunos días, al ser consultado sobre si desconfía de Indra, el expresidente afirmó: “¿El escrutinio a cargo de esa empresa para las elecciones de 2022 en Colombia garantizará un sistema confiable? ¿O con fallas, como las detectadas en algunas elecciones que Indra manejó, como es el caso de Argentina? Hay una pregunta buena para el registrador. Si Colombia solo entrega licitaciones electorales a empresas que han participado en por lo menos cuatro eventos electorales, hay que advertir que esta empresa solo tiene participación en uno en 2014. ¿Cómo va a garantizar en tan corto tiempo la programación, testeo, pruebas de estrés, auditorías, revisión de códigos fuentes, de los partidos políticos y entrega final al Consejo Nacional Electoral?”.

Lo que dice el registrador

Ante las dudas que expresó Pastrana, el registrador respondió enfáticamente que no tiene sentido hablar de fraude porque el sistema electoral en Colombia tiene múltiples blindajes y que, además, habrá acompañamiento de varias misiones de observación y auditoría de delegados de todos los partidos políticos.

Agregó que no es cierto que haya invitado a un viaje en febrero de 2019 al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; al alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, y al representante a la Cámara Erasmo Zuleta, como lo afirmó Pastrana. Negó tener relación comercial con Indra.

La orden que da el Consejo de Estado es que se debe comprar el software porque antes era alquilado y no se podía auditar ni tener control sobre el mismo.

La Registraduría sacó un proceso licitatorio, una invitación pública en noviembre de 2021, pero se declaró desierto y en diciembre se hace de nuevo y allí se adjudica a la empresa Indra.