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Fiscal  es investigado por negociar la libertad de un procesado a cambio de una botella de whisky

El delegado del ente investigador estaba exigiendo dinero para cerrar una investigación por el delito de homicidio.


En el 2015, el entonces fiscal noveno seccional de la Unidad de Vida, Óscar Alcides Márquez López, le hizo una solicitud directa a los hermanos de Gordillo Montenegro: 12 millones de pesos para mantener privado de la libertad a Víctor Alfonso Herrera Carvajal, a quien investigaba por el delito de homicidio culposo.

Tras la petición, los hermanos le manifestaron que no contaban con esa cantidad de dinero, por lo que el delegado del ente investigador les solicitó entonces una “caja de whisky marca Buchanans”. La botella de licor le fue entregada personalmente por Ilton Ernesto Gordillo Montenegro, en su apartamento ubicado en el barrio Castilla Real, en el suroccidente de Bogotá.

El procesado, tras conocer estos hechos, presentó una denuncia en contra del fiscal al considerar que estaba jugando con su libertad. En 2017, el fiscal Márquez López fue vinculado a un proceso penal por los delitos de concusión y cohecho agravado, esto al considerar que existían elementos materiales probatorios para establecer la exigencia de sobornos y otros elementos.

Tras la acusación y la audiencia preparatoria se presentó un tropiezo, puesto que Jensi Eduardo Gordillo Montenegro, el hermano que recibió principalmente la petición del dinero por parte del fiscal, falleció. Debido a esto, se pidió que se tuviera en cuenta su declaración como “prueba de referencia”, advirtiendo la importancia, puesto que “estuvo al tanto de la investigación dentro del presente asunto”.

Sin embargo, esta prueba no fue tenida en cuenta durante las preparatorias, ya que no cumplió con los requisitos que estableció la ley. “Explicó que, si bien el registro de la entrevista no merecía reparo alguno para su aducción como prueba de referencia, su recolección se hizo mediante un acto de policía judicial en el trámite de la investigación, de manera que lo procedente era solicitar su incorporación a través del investigador”.

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó introducir como prueba de referencia la entrevista rendida por Jensi Eduardo. Para la Fiscalía, debido a la importancia de esta prueba, insistió ante la Corte Suprema para que se avalara. “Que la entrevista requerida se recepcionó ‘a través de un documento de del CTI’ y fue firmada tanto por el declarante, como por el asistente del fiscal César Caballero García”.

El delegado de la Fiscalía precisó que se trataba de un documento público, del cual se presume su autenticidad, “por lo que de conformidad con la sentencia CSJ SP7732 de 2017, puede ser ingresado directamente al juicio oral por la parte interesada”. Sin embargo, la defensa del exfiscal y el representante de la Procuraduría General pidieron que se rechazara la petición de sumar la prueba por “indebida sustentación”.

“Nada dijo respecto del medio probatorio a través del cual incorporaría la entrevista, tan solo se limitó a indicar que era un documento público que podía ser presentado de manera directa por la parte interesada, desconociendo con ello que se trataba de una prueba de referencia que debía ingresar a través del investigador que participó en su recepción”, precisa el documento.

Debido a esta tramitología, el proceso por corrupción contra el exfiscal de Vida está suspendido. La Fiscalía General insistirá en la importancia en que se agregue la declaración del principal testigo del soborno.