Cinco días después de ser notificados del fallo que absolvió por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida al ganadero Santiago Uribe Vélez, la Fiscalía General tomó la decisión de presentar recurso de apelación en contra de la decisión.
Según se ha podido establecer, en el recurso que será presentado en los próximos días ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, se advierte que existen pruebas documentales y testimoniales para demostrar la vinculación del ganadero con el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.
Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, investigado hace más de 10 años por la Fiscalía, fue absuelto. Un juez concluyó que no hay pruebas de su vinculación con el grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/UQ6Xu9YwWj
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 13, 2024
En este sentido, se pondrá de presente el hecho que el juez primero especializado de Antioquia, en su extensa decisión, no tuvo en cuenta varios testimonios que demostrarían que en la finca La Carolina, ubicada en zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, de propiedad de Uribe Vélez, se fomentó la creación de este grupo de autodefensa en la década de los noventa.
El fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema advertirá que se omitió una prueba grabada por el testigo clave, el mayor en retiro Juan Carlos Meneses, excomandante de la Policía de Yarumal (Antioquia).
En la conversación, en la que aparece el coronel retirado Pedro Manuel Benavides, fue declarada “inconstitucional” en el fallo de primera instancia por vulnerar los derechos a la intimidad; al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana.
Igualmente, en la apelación, la Fiscalía General pondrá de presente que no se tuvieron en cuenta varias versiones que permitían corroborar la teoría del caso presentada en el escrito de acusación contra Santiago Uribe Vélez por presuntamente fomentar la creación de Los 12 Apóstoles para combatir a los grupos subversivos que delinquían en la región.
Este grupo armado ilegal contó —según resaltó la Fiscalía General durante el extenso juicio— se conformó gracias al apoyo de hacendados y empresarios de la zona que los financiaron y armaron.
Igualmente, se aliaron con agentes de la Fuerza Pública para exterminar a un grupo que calificaban como “indeseables”.
En esta lista aparecían drogadictos, habitantes de calle, expendedores de droga, trabajadoras sexuales, así como todo aquel que consideraran sospechoso de colaborar con las actividades ilegales de la guerrilla de las Farc y sus milicias.
Frente a las pruebas que vinculaban a Santiago Uribe Vélez de tener conocimiento del crimen del conductor de bus escalera Camilo Barrientos, registrado el 25 de febrero de 1994 en Yarumal, la defensa aseguró que fueron omitidas por el juez especializado.
Barrientos, según varios testigos, fue amenazado y luego asesinado por este grupo armado ilegal después de ser señalado de auxiliar a los grupos subversivos que delinquían en la zona llevándoles víveres, medicinas y otros productos.
En este caso, el juzgado puso en duda las declaraciones que vinculaban al ganadero con la planeación y ejecución de este asesinato.
Por el crimen de Barrientos, fue condenado en 2017 a 27 años de prisión el mayor Juan Carlos Meneses.
Igualmente, se ha podido establecer que el Ministerio Público y los representantes de víctimas ya redactan el recurso de apelación en contra de este fallo absolutorio.
