La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, obtuvo un importante avance en la lucha contra la impunidad y el narcotráfico. La Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla impusi medidas cautelares sobre tres propiedades relacionadas con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y el Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Estas propiedades, ubicadas en Valledupar, departamento del Cesar, presuntamente fueron registradas a nombre de la esposa de alias Jorge 40 como parte de una estrategia para ocultar el patrimonio ilícito.
Uno de los inmuebles afectados es la finca ‘El Mamón’, con una extensión de 150 hectáreas, la cual está valorada en más de 2.673 millones de pesos. Esta finca fue utilizada como centro de entrenamiento por las estructuras paramilitares que operaron en esa zona del país, según demostró la Fiscalía en la condena emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en noviembre de 2014 contra Salvatore Mancuso Gómez y otros 11 postulados.
Los otros dos predios afectados son urbanos y tienen un valor superior a los 2.120 millones de pesos.
El Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional llevó a cabo una exhaustiva labor de investigación que permitió determinar que estos bienes habrían sido adquiridos con dinero proveniente de actividades ilegales del Bloque Norte de las AUC. En consecuencia, se han aplicado medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dichos bienes.
En los próximos días, la Fiscalía entregará estas propiedades al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su administración, como parte de los esfuerzos por garantizar la reparación a las víctimas y desarticular las estructuras delictivas vinculadas al conflicto armado en Colombia.
Fiscalía entregó bienes para reparar a víctimas
Por otro lado, la Fiscalía General llevó a cabo una jornada integral en San Pedro de Urabá, en el departamento de Antioquia, con el objetivo de brindar “atención, orientación y respuestas a la comunidad” afectada por las acciones criminales de los integrantes de la denominada ‘Casa Castaño’ y otras estructuras de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
Durante la jornada, fiscales de la Dirección de Justicia Transicional, investigadores del CTI y personal del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) atendieron a 193 víctimas, llevando a cabo entrevistas y tomando muestras biológicas con el fin de avanzar en los procesos de identificación de los cuerpos rescatados.
Según las pruebas recopiladas, San Pedro de Urabá fue escenario de homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones y violencia de género, entre otros delitos cometidos por los paramilitares en el periodo comprendido entre 1996 y 2002.
En el transcurso de la jornada, se realizaron ceremonias de entrega digna en las cuales los familiares de dos víctimas del conflicto armado recibieron los restos de sus seres queridos. Uno de ellos fue Pedro Pablo Suárez Barba, un agricultor de 42 años que fue llevado en contra de su voluntad por hombres armados que ingresaron a su vivienda la noche del 18 de mayo de 1994. El cuerpo de esta persona fue localizado en una fosa en el corregimiento El Tomate, en San Pedro.
Los otros restos correspondían a Jesús María Paternina Páez, un hombre de 48 años que fue interceptado por un grupo paramilitar mientras se dirigía a la vereda Veñitas, en Chigorodó, Antioquia. La estructura ilegal, perteneciente al denominado Bloque Bananero, lo asesinó y dejó su cuerpo abandonado. Posteriormente, el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector lo recogió y lo inhumó en un terreno.
