La Fiscalía General de la Nación ha entregado al Fondo para la Reparación a las Víctimas, entre el 13 y el 20 de febrero de este año, un total de diez bienes ubicados en los departamentos de Antioquia y Córdoba, los cuales pertenecían a dos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a los hermanos Castaño Gil, quienes fundaron y lideraron las extintas Autodefensas, un grupo paramilitar que tuvo un papel importante en el conflicto armado interno del país.
Uno de los bienes entregados es la finca conocida como “La Blanquita”, ubicada en el municipio de Amalfi, Antioquia. La propiedad, que tiene una extensión de más de 320 hectáreas, fue avaluada en más de 1.150 millones de pesos. Según los registros públicos, esta finca fue uno de los primeros bienes adquiridos por Fidel Castaño, uno de los líderes de las AUC.
Los hermanos Castaño y varios de sus familiares habrían utilizado “La Blanquita” para llevar a cabo actividades ilegales, según informó un fiscal del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, quien obtuvo medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el predio.
Además de “La Blanquita”, la Fiscalía entregó nueve bienes más al Fondo para la Reparación a las Víctimas. Estos bienes se ubican en el municipio de Maceo, Antioquia, y se estima que tienen un valor de 3.528 millones de pesos. Los bienes estarían relacionados con los bloques Central Bolívar y Metro de las AUC.
La entrega de estos inmuebles se enmarca en el proceso de justicia transicional que se lleva a cabo en Colombia para reparar a las víctimas del conflicto armado. La Fiscalía ha entregado al Fondo para la Reparación a las Víctimas bienes por un valor total superior a los 805.397 millones de pesos durante los últimos tres años.
El proceso de justicia transicional busca hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado colombiano. La entrega de estos bienes a las víctimas es una forma de reparación integral que permite restablecer los derechos de las personas afectadas y avanzar en la construcción de un nuevo tejido social.
Incautan bienes a un narcotraficante y a un disidente
Entretanto, la Fiscalía General de la Nación informó que ocupó, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, 11 predios urbanos y 3 rurales, avaluados en 5.000 millones de pesos, que habrían sido adquiridos por el extraditado Gustavo Adolfo Vega Archibold, capturado en 2014 en Panamá y extraditado a Estados Unidos, donde era requerido por delitos federales relacionados con el tráfico de drogas.
De acuerdo con las pruebas recabadas, “este hombre, al parecer, obtuvo los bienes entre 2006 y 2013 con dineros de origen ilícito. En ese sentido, los activos fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión”, indicó el ente acusado.
Las propiedades fueron ubicadas en Buenaventura, Dagua y Cali, en Valle del Cauca, y en Medellín. El CTI de la Fiscalía fue el encargado de adelantar las diligencias de ocupación.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de su administración.
Por otro lado, Géner García Molina, alias Jhon 40, también se quedó sin nada. En total, fueron 14 propiedades: diez inmuebles rurales, tres urbanos y un establecimiento de comercio, los que fueron ocupados con fines de extinción de dominio por medio de un operativo coordinado entre la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional. Además, le incautaron 2.153 reses.
En la investigación del ente acusador quedó en evidencia que los bienes, avaluados en más de 25.800 millones de pesos, “habrían sido adquiridos con dineros producto de actividades ilícitas desarrolladas en Lejanías, Mesetas, La Uribe, Puerto Rico, Puerto Lleras, Granada y otros municipios de la región del Ariari, en Meta”.
Las propiedades del disidente de las Farc estaban ubicadas en los municipios de Orocué, en Casanare; Cimitarra, Santander, Tenjo y Suesca, en Cundinamarca; Chinchiná, Caldas; Villavicencio, Guamal, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama y Puerto Lleras en Meta.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio estableció que “el origen de las propiedades corresponde a recursos obtenidos de secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios y narcotráfico. Por ello fueron afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión”.
