Una operación desarrollada por la Policía Nacional terminó con la captura del señalado cabecilla principal y cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Los Chilapos, en Montelíbano, Córdoba.
Entre los detenidos se encuentra alias Arlinson, quien sería el cabecilla de esta banda delincuencial, junto a los sujetos conocidos con los alias de Sharick, Benavidez, el Ñeco, Eddy e Iván.
De acuerdo con las autoridades, tras las diligencias de allanamiento, el último de los implicados logró evadir inicialmente el cerco policial, pero fue ubicado y capturado mediante labores de seguimiento mientras asistía a las corralejas.
Las autoridades confirmaron que esta estructura operaría bajo la subordinación de la subestructura Rubén Darío Ávila Martínez, del Clan del Golfo. Su actividad principal consistía en la comercialización de marihuana, base de coca y cocaína.
De acuerdo con la información de la Policía, cuatro de los capturados registran antecedentes por tráfico de estupefacientes. Adicionalmente, alias el Ñeco cuenta con anotaciones por porte ilegal de armas y amenazas.
Tras las audiencias de judicialización, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias Arlinson, Benavidez, el Ñeco e Iván. Así mismo, detención domiciliaria con brazalete electrónico para alias Sharick.
El operativo de la Policía Nacional es el resultado de nueve meses de trabajo adelantado por la Unidad Básica de Investigación Criminal de Montelíbano, que incluyó entrevistas, vigilancia, seguimientos y monitoreo aéreo con drones durante el día y la noche.
Gracias a estas labores, se evidenció que la organización utilizaba inmuebles para almacenar, ocultar y dosificar las sustancias ilícitas antes de distribuirlas al menudeo en sectores residenciales, zonas comerciales y un reconocido parque de la localidad, afectando directamente la seguridad de espacios públicos y entornos cercanos a instituciones educativas.
Según las estimaciones de los investigadores, el grupo comercializaba entre 5.000 y 10.000 dosis al mes, lo que representaba ingresos ilícitos cercanos a los 75 millones de pesos mensuales, unos 900 millones de pesos al año.