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No fue un falso positivo: JEP precluye investigación a 29 militares por muerte en Córdoba

El caso estuvo relacionado con la muerte de Jesús Alberto Andrade Hurtado en una operación militar legítima.

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31 de octubre de 2026 a las 3:15 p. m.
Imagen referencia de uniforme del Ejército Nacional de Colombia.
Imagen referencia de uniforme del Ejército Nacional de Colombia. Foto: Diego Pineda

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sentó un precedente transcendental sobre la seguridad jurídica de la fuerza pública frente a las bajas reportadas en medio del conflicto armado que ha marcado la historia de Colombia.

A través de una resolución expedida el 29 de octubre de 2026, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que la muerte de Jesús Alberto Andrade Hurtado en Tierralta, Córdoba, ocurrió en medio de una operación militar legítima y no se trató de una ejecución extrajudicial.

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Esa decisión la tomó la JEP después de que precluyó la investigación penal que venía adelantando en contra de 29 militares que integraban el Barallón de Infantería No. 33 Junín del Ejército Nacional.

Los uniformados estuvieron vinculados a la investigación a raíz de la muerte del joven, ocurrida el 2 de marzo de 2013, cuando se desarrolló una operación militar que dejó como saldo la muerte de un hombre uniformado y equipado con material de guerral. En la incursión también fueron capturados tres intgrantes de Los Urabeños, hoy conocido como Clan del Golfo.

La resolución de la Jurisdicción detalló que esas tres personas capturadas quedaron a disposición de la “Fiscalía General de la Nación y se les adelantó proceso penal en el que fueron condenados”. Por ello se consideró que existió una “ausencia de la conducta criminal” por parte de los militares.

Este caso aterrizó en la JEP en febrero de 2023 luego de que la Fiscalía Penal Militar consideró tener dudas, frente a los registros que se presentaron en el gasto de munición de la tropa y la falta de vainillas de fusiles en la escena del combate; los militares se mantuvieron en que se trató de un enfrentamiento armado.

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Una de las principales pruebas para que este proceso terminara archivado fue el informe de necropsia que presentó el Instituto Nacional de Medicina Legal, el cual concluyó que la muerte de Andrade fue ocasionada por un proyectil en el abdomen y no se hallaron residuos de pólvora, lo que descartó disparos a quemarropa, patrón de los falsos positivos.

Otra de las evidencias que permitió llegar a esa conclusión fue el testimonio de Ever Molina, alias Cachete, integrante de Los Urabeños, quien manifestó que Jesús Alberto Andrade era combatiente de la estructura que prestaba labores de centinela con un fusil, cuando fueron sorprendidos por una tropa de cerca de 300 militares.