Este jueves 13 de octubre, el Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que en las últimas horas se registró la caída de parte de la estructura del puente Román Basurto sobre el río Ariporo, en la vía Paz de Ariporo-Hato Corozal, que conecta los departamentos de Arauca y Casanare.
Ante lo sucedido, y con el fin de garantizar la conectividad entre los departamentos de Arauca y Casanare, el Invías señaló que habilitó dos vías alternas. Estas son: Hato Corozal-Sogamoso-Aguazul-Yopal, y, para vehículos 4x4 y de carga hasta 25 toneladas, la Paz de Ariporo-vereda La Aguada-Taislandia-Barro Negro-Degredo- Sácama. “En esta última vía, de 56 km de longitud, la entidad lleva a cabo actividades de mantenimiento y atención de puntos críticos”, subrayó.
“La temporada invernal que estamos enfrentando en el país genera afectaciones en la infraestructura vial, como la que se presentó en el puente Román Basurto, construido en 1984 ″, dijo Guillermo Toro Acuña, director general (e) de Invías.
El funcionario manifestó que se debe evitar el tránsito por el puente debido a que es inminente el colapso de otro sector de la estructura. “Reiteramos la necesidad de acatar las instrucciones del personal en campo y evitar el tránsito por la infraestructura, porque nuestro equipo de especialistas informó que también es inminente el colapso de la luz número 4″, sostuvo.
Comunidades en Arauca se encuentran confinadas, sin agua, salud ni educación
Una grave situación humanitaria vive el departamento de Arauca como consecuencia de la acción de grupos armados ilegales, que afecta la movilidad de varias comunidade, que se encuentran confinadas.
Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, que señaló que así quedó evidenciado tras una visita adelantada por una misión de verificación que pudo determinar las condiciones que han tenido que atravesar las comunidades que habitan en el corregimiento Cañas Bravas, población rural ubicada entre los municipios de Arauca, Arauquita y Puerto Rondón, en el departamento de Arauca.
Según señaló, debido a los enfrentamientos, la población civil se encuentra en un estado de temor y zozobra generalizada.
La entidad señaló que, debido a esta situación, al menos 25 familias campesinas están confinadas en sus viviendas, donde también se encuentran niños y adultos mayores; lo mismo ocurre con 170 familias indígenas del pueblo Hitnú, que no pueden salir de sus resguardos.
“Esto ha originado el desabastecimiento de los víveres necesarios para su alimentación, la imposibilidad de asistir a citas médicas y adquirir medicamentos, una situación que afecta especialmente a la población de la tercera edad y pone en grave riesgo su derecho a la salud y a la vida”, señaló.
Indicó que la misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo entregó medicamentos de primera necesidad a los pobladores de la tercera edad que no habían podido acceder a sus medicinas vitales a causa del confinamiento.
Igualmente, aseguró que el equipo de la Regional “evidenció el nulo acceso a agua potable, la escasa prestación de los servicios de salud y la falta de brigadas médicas al interior de las comunidades, condiciones que podrían ser ocasionadas por el pésimo estado de las vías carreteables y la demora en la adecuación de los accesos al puente construido sobre el río Ele”.
Señaló que la afectación a los bienes civiles y viviendas de los pobladores que quedaron destruidas por el uso de armas no convencionales, como los tatucos o cilindros bomba, y la posibilidad de que hayan quedado remanentes explosivos después de los enfrentamientos, con grave riesgo para la población civil.
Así mismo, hizo un llamado a las autoridades de los municipios aledaños, al corregimiento de Cañas Bravas, especialmente a la administración municipal de Arauquita y a la Gobernación de Arauca, para que “de manera inmediata se preste asistencia humanitaria a esta población, se asignen los recursos necesarios y se implementen estrategias de atención integral a los afectados por las confrontaciones armadas”.
También instó a las organizaciones armadas ilegales dejar por fuera del conflicto a la población civil de la zona, respetar su vida y sus derechos humanos.