Los grupos armados ilegales en Colombia imponen sus propias reglas en las diferentes regiones de Colombia. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) imponen el terror en departamentos como Magdalena, La Guajira y parte del Cesar.
Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, es uno de los principales cabecillas de esta organización y es de los que impone el terror en las comunidades. Incluso, por este sujeto, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio la orden al designado ministro de Defensa, Jorge Mora, de capturarlo o darlo de baja.
El más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz sostuvo que este grupo criminal logra recaudar entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales mediante extorsiones, narcotráfico y otros negocios al margen de la ley.
Gerson Arias, investigador asociado de la fundación antes mencionada y politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, en conversación con SEMANA, dijo que esta organización ilegal tiene un poder extraordianario entre las comunidades.
“Hay que entender que este grupo armado se constituye entre 2018 y 2020, pero tiene que ver con todo lo que ocurrió en el proceso de posdesmovilización de las AUC, especialmente del Bloque Resistencia Tayrona. Heredaron antiguos mandos, toda una estructura criminal ligada al narcotráfico y también los negocios ilegales que ya existían en la región”, explicó Arias.
En medio de las investigaciones que adelantó la fundación, pudieron determinar que el mayor ingreso ilegal que tienen las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra proviene del narcotráfico, el microtráfico y los pagos que realizan organizaciones dedicadas al envío de cocaína hacia el Caribe y Venezuela. Asimismo, del cobro a los operadores del turismo en los departamentos antes mencionados.
“Encontramos que el grupo recibe entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales. Extorsionan prácticamente a todo el sector comercial y productivo: trabajadores de palma, banano, pequeños comerciantes, transportadores y empresas turísticas. Entre el 90 y el 95 % del sector turístico termina pagando. Además, cobran por garantizar que cargamentos de cocaína lleguen hasta alta mar”, afirmó.
Las extorsiones van desde los campesinos que trabajan las tierras hasta los grandes empresarios de esta zona del Caribe colombiano. Incluso, a trabajadores del campo que ganan por día les quitan una cuota extorsiva.
“Hemos documentado que trabajadores palmicultores reciben su quincena y allí mismo aparecen personas armadas para cobrarles 5.000 pesos. Es una extorsión completamente extendida. Los cobros van desde 30.000 pesos hasta 30 millones mensuales, dependiendo del negocio. Nadie se salva”, señaló.
De igual manera, precisaron que las ACSN tienen una amplia red de cobros extorsivos y los hombres conocidos como “serenos” o vigilantes barriales, quienes identifican a los comerciantes, controlan quién paga y realizan los cobros puerta a puerta.
Solo en la plaza de mercado de Santa Marta, según la investigación, la organización recaudaría cerca de 10.000 millones de pesos al año mediante extorsiones. También, determinaron que este grupo armado lo que hace es llevar el control de los comercios que entran al mercado.
“Ellos funcionan como una especie de cámara de comercio paralela. Si alguien quiere abrir un negocio turístico, debe registrarse con ellos. Controlan quién llega, cuánto produce cada establecimiento y cuánto debe pagar. Cuando consideran que necesitan reforzar la seguridad, también incrementan las cuotas de extorsión”, sostuvo.
De igual manera, pudieron determinar que cualquier persona que haga parte de la red de prestadores del servicio turístico debe pagar las extorsiones.
“Le cobran al hotel, pero también a las empresas de buses, alimentación y demás contratistas. Tienen una red de información muy eficiente que les permite conocer el volumen de turistas y los contratos que se realizan. En la mayoría de los casos encontramos que entre el 80 y el 85 % de los empresarios termina pagando”, indicó.
Arias indicó que existe una gobernanza criminal, que es la manera por donde adquieren los recursos para atentados criminales y hasta para pagar la nómina de cabecillas y hasta sicarios.
“Lo que termina pasando es que muchas personas acuden al grupo armado cuando tienen un problema de seguridad. En la práctica, están reemplazando la capacidad estatal. Es una estructura muy eficiente que además mantiene una nómina de integrantes que reciben salarios entre uno y tres millones de pesos, mientras algunos comandantes llegan a ganar entre ocho y diez millones mensuales”, explicó.