Seis horas duró la primera sesión de alegatos de concusión de la Fiscalía General en el juicio que se adelantó en contra del empresario Carlos Alberto Solarte Solarte por el caso Odebrecht.
Para el fiscal del caso, desde la licitación se presentaron ofrecimientos de sobornos y presiones para que la empresa que representaba Solarte fuera la beneficiada con el millonario contrato que tenía como objetivo de construir el interceptor Tunjuelo Canoas.
El contrato, firmado en 2009 con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), tuvo un valor de 243 mil millones de pesos.
Sin embargo, para la Fiscalía General, la empresa de Solarte (CAS Constructores) tuvo acceso a información privilegiada que le favoreció en el cumplimiento del pliego de condiciones exigido por el Acueducto.
Debido a que CAS Constructores no contaba con la experiencia técnica específica requerida para la construcción de túneles en suelo blando, se alió con la multinacional brasileña Norberto Odebrecht para conformar el Consorcio Canoas —con una participación del 60 % para Odebrecht y 40% para CAS Constructores—.
En el proceso de licitación, dicha empresa acreditó experiencia técnica falsa frente al contrato MC 3211 del metro de Caracas para certificar los 8 kilómetros de túneles en suelo blando exigidos.
Para dicho momento, dichas obras no estaban concluidas ni entregadas mediante acta definitiva, lo que constituía una causal de rechazo de la propuesta que los funcionarios del Acueducto ignoraron o justificaron de manera irregular.
Pese a que los túneles estaban perforados y las estaciones cabecera operaban, las estaciones intermedias (Los Jardines, Coche y Mercado) continuaban en fase de pruebas y no se habían entregado.
El informe técnico citado por la Fiscalía General dejó constancia de que dichas estaciones no habían entrado en funcionamiento público porque se estaba a la espera de que el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, hiciera la inauguración oficial, programada para el 26 de diciembre de ese año.
El pago de comisiones
En sus alegatos de conclusión, la Fiscalía General señaló además que existía evidencia sobre el movimiento de millonarios sobornos para garantizar la entrega del contrato.
En sí, se pactaron sobornos de entre el 5 y el 8 por ciento del valor total del contrato para todos aquellos intermediarios que colaboraran con el direccionamiento.
En la lista se destacan el entonces alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas; su hermano, el senador Iván Moreno Rojas y Andrés Cardona, quien era el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
El direccionamiento y administración de las comisiones estuvieron a cargo del contratista Emilio Tapia Aldana.
Como si fuera poco, en ese entramado de corrupción, indicó el fiscal, también se presentó la compra del silencio de los competidores; pagando cerca de 255 millones de pesos a los abogados que representaban a las empresas que habían mostrado un interés en el contrato.
La Fiscalía General pidió condenar a Carlos Solarte por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor propio y de terceros.