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Indagan posible contratación irregular, con recursos de regalías, en la Gobernación del Arauca

La denuncia fue interpuesta por líderes de control político de la región, quienes alertaron a los entes de control por el presunto mal uso de más de 100.000 millones de pesos.


Al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Hacienda llegaron alertas de presuntos malos manejos contractuales con recursos de las regalías, que son destinados únicamente para proyectos que tienen enfoques sociales y de beneficio para la comunidad, previa presentación y socialización de las obras. Pues debido a múltiples hechos de corrupción que se presentaron en el pasado, de parte de los dirigentes locales, se incrementaron los controles de estos recursos que son provenientes de la gran bolsa de dinero que entra producto de las ganancias que recibe el Estado sobre la explotación de yacimientos mineros y riquezas naturales.

Según la representante a la Cámara electa por el departamento de Arauca, Lina María Garrido Martín, la gobernadora encargada, Indira Luz Barrios, habría mal utilizado 24 mil millones de pesos gestando desde la Gobernación de Arauca la contratación de esta cifra del Sistema General de Regalías.

Lo que describen los denunciantes es que la contratación se haría con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), que no cuenta con la capacidad financiera para ejecutar tres de los cinco proyectos que se van a adelantar por más de 91 mil millones de pesos, obviando el proceso de licitación pública.

Las obras a realizar que serían con Aremca tienen que ver con: la construcción de obras de protección en vereda La Yuca, sector el Muerto y vereda El Torno, sectores El Limón y el Guamo en el municipio de Arauca; construcción de red de alcantarillado pluvial y obras complementarias sector Playitas en el municipio de Arauca; construcción y adecuación celda dos y tres, y obras complementarias como medidas de mejoramiento del relleno sanitario municipal del Cravo, del municipio de Tame.

Para la representante a la Cámara, esta situación “es muy preocupante debido a que parte de la contratación es para una empresa del Caribe con un proceso de responsabilidad fiscal a cuestas y que otro de los contratos sea para que la empresa de Acueducto y Alcantarrillado del municipio de Tame ejecute un proyecto de energía solar fotovoltaica”.

Resaltan que Aremca ha tenido fallos en su contra, de parte de la Contraloría, al encontrar responsabilidad fiscal con los municipios de Mompox y Calamar, en Bolívar, uno de ellos por incumplimiento en un contrato de obra pública.

La alerta está soportada en los documentos encontrados en el Registro Único de Proponentes expedido el 29 de junio de 2022 por la Cámara de Comercio de Barranquilla, pues dicha asociación tan solo cuenta con un patrimonio de 19 mil millones de pesos, aseguran los que indagaron y se quejaron ante los entes de control. Además, indican que el 4 de febrero se le abrió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal con ocasión del daño patrimonial sufrido al Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar por la no terminación del proyecto de “implementación de una estrategia para el uso y apropiación de la cultura como generadora de conocimiento e innovación social a través de laboratorios sociales de investigación y creación en el departamento de Bolívar”.

Al parecer, pese a que la gobernadora encargada ha sido cuestionada en público por la contraparte, indican que no se ha conocido su pronunciamiento oficial de los hechos. Por lo que le solicitan a la Contraloría y la Procuraduría “una actuación preventiva para que actúen de manera inmediata ante los presuntos hechos de corrupción que se estarían dando en la gobernación”.

“No es posible que las arcas departamentales dejen de percibir más de 17 mil millones de pesos por la forma como la gobernadora quiere adelantar el proceso, eso es un exabrupto dejar que no se perciban recursos por conceptos de estampillas procultura, proadulto mayor, prodeporte y recreación, prodesarrollo departamental, proelectrificación y contribución especial a la obra pública”, dijo Garrido.

Lo que solicita la congresista es que desde las entidades nacionales frenen los giros mientras se investigan las decisiones expedidas desde la gobernación para evitar un detrimento patrimonial. Cabe recordar que el exgobernador está detenido por sus posibles nexos con la guerrilla del ELN.