Las emergencias que provocaron el desbordamiento del río Sinú y sus afluentes fueron una de las principales razones para que el gobierno del presidente Gustavo Petro declarara una segunda emergencia económica, justo después de que la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el primer decreto sobre ese estado de excepción, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
Ahora, la Procuraduría alertó que esas inundaciones que provocaron un nuevo decreto para atender la emergencia no habrían sido eventos que se dieron por causas naturales, sino el resultado de una serie de prácticas sistemáticas que generan preocupación para los entes de control.
En la apertura de una investigación disciplinaria contra la directora del ANLA, Irene Vélez, por el desbordamiento de la cuenca del río Sinú, se alertó sobre la situación que hoy enciende las alarmas para los habitantes de esa región, las altas cortes y el Gobierno nacional.
El ente de control advirtió que: “La emergencia por inundaciones en la cuenca del río Sinú durante febrero de 2026 no puede considerarse un evento puramente natural e imprevisible. Los hechos y la evidencia documental apuntan a que fue la materialización de un riesgo conocido, debido a una práctica aparentemente sistemática”.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) March 16, 2026
Esa práctica sería una presunta operación negligente y el incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por parte de la empresa de Urrá S. A., lo que habría desencadenado una infracción sobre la operación de la represa hidroeléctrica, según la entidad.
La advertencia también deja serias dudas sobre lo que podría ocurrir en la Corte Constitucional con esa segunda emergencia económica que declaró el Gobierno, pues desde ya se dice que esa emergencia fue “la materialización de un riesgo conocido”.
@revistasemana SEMANA está en el corazón de las inundaciones en Córdoba. Las calles se convirtieron en ríos y las canoas son el único transporte para los damnificados. #NoticiasTikTok #Noticias #Colombia
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El auto firmado por el procurador delegado disciplinario de instrucción 2, José Rodrigo Vargas, también sacó a flote serios indicios que existirían frente a una posible omisión en la implementación de acciones correctivas y sancionatorias por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, frente a las irregularidades que, presuntamente, se dieron en la operación de Urrá.
No hay que olvidar que, además de la exministra Vélez, la investigación disciplinaria también se ordenó contra Camilo Alexander Rincón, subdirector de Seguimiento de la ANLA; Libardo Yanod Márquez, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios; Omar Camilo López, superintendente delegado de Energía y Gas; Orlando Medina, director de la CAR en los Valles del Sinú y del San Jorge; Enrique Kerguelén, presidente (e) de la empresa Urrá; y Juan Acevedo, expresidente de la misma entidad.