En medio de las críticas por su inoperancia, falta de resultados y gastos desbordados que no favorecen a las víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyó responsabilidad a diez antiguos integrantes de los bloques Sur y Oriental de las extintas Farc-EP por crímenes cometidos contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía entre 1996 y 2016.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y hace parte del Caso 09, subcaso Amazonía y Orinoquía, que investiga crímenes no amnistiables contra pueblos y territorios étnicos. Los pueblos reconocidos como víctimas colectivas son los nükak baká, korebajü o koreguaje, siona o zio bain, hitnü y jiw.
Para tomar esa decisión, la JEP —a través de un comunicado— estableció dos patrones de criminalidad claros. El primero consistió en atacar la autodeterminación, la autonomía, la cultura y el gobierno propio de las comunidades mediante el control social y territorial ejercido por la guerrilla.
El segundo comprendió crímenes cometidos en el contexto de las hostilidades, que afectaron la integridad física, cultural, espiritual y territorial de los pueblos indígenas.
“Concluyó (la JEP) que la violencia no solo dejó muertos, desaparecidos y desplazados. También desarraigó a los pueblos indígenas de su territorio, ‘enfermó’ sus lugares sagrados, rompió su equilibrio espiritual y puso en riesgo su pervivencia”, advierte un comunicado del tribunal transicional.
Por eso, los delitos atribuidos a estos 10 jefes del Bloque Sur y del Bloque Oriental de las extintas Farc son de lesa humanidad, exterminio, asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso, tortura y persecución, además de crímenes de guerra relacionados con homicidios, desplazamientos, minas antipersonal y daños al medioambiente, sin tener derecho a una amnistía.
La investigación, señala la JEP, estableció que las Farc acusaron de colaborar con el enemigo a gobernadores indígenas, caciques, sabedores, médicos tradicionales, docentes y otros líderes que se oponían a sus intereses. Esos señalamientos derivaron en homicidios selectivos, masacres, desapariciones, torturas y desplazamientos.
Por estos hechos, la JEP llamó a reconocer responsabilidad a Milton de Jesús Toncel Arredondo, alias Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias el Médico; Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada; Elmer Caviedes, alias Albeiro Córdoba; Fabián Ramírez Cabrera, alias Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano, alias Martín Corena; Darío Lee Díaz, alias Robledo; Luis Enrique Montes, alias Euclides Bermúdez; Gustavo Cuéllar Pajoy, alias Manuel Político, y Liberman Imbachi Chilito, alias Norbey Ramírez.
La Sala de Reconocimiento de la JEP concluyó que los crímenes afectaron de manera directa a los Pueblos Indígenas Nükak Baká, Korebajü o Koreguaje, Siona o Zio Bain, Hitnü y Jiw, así como sus Territorios, ubicados entre la Amazonía y la Orinoquía. pic.twitter.com/34DaU7sAsf
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 13, 2026
La Sala les atribuyó responsabilidad como coautores mediatos mediante aparatos organizados de poder y, en algunos casos, responsabilidad de mando por torturas.
La investigación registró 1.134 victimizaciones: 598 atribuidas al bloque Sur y 536 al Oriental. La Sala agrupó 96 conductas criminales en los dos patrones y examinó detalladamente 40 hechos. Según el comunicado, ninguno de los diez había sido investigado penalmente por estos hechos en la justicia ordinaria.
“Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad plena, la sala podrá convocar una audiencia pública de reconocimiento y remitir posteriormente el caso al Tribunal para la Paz para la imposición de una sanción propia”, advierten desde la JEP, sobre el proceso que viene luego de esta decisión.