Abrir una zanja para una reparación, intervenir un andén o incluso realizar obras en un parque sin los permisos correspondientes puede salir mucho más caro de lo que muchos creen. Aunque estas labores suelen hacerse por necesidad o con la intención de mejorar un espacio, la ley colombiana contempla estrictas sanciones para quienes las ejecuten sin la autorización de las autoridades competentes.
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece que intervenir vías, andenes, parques u otros bienes de uso público sin el respectivo permiso constituye un comportamiento contrario al cuidado del espacio público, por lo que da lugar a una sanción económica inmediata.
Para este año 2026, dicha conducta está clasificada como una Multa General Tipo 3, que equivale a 8 salarios mínimos legales vigentes (SMDLV), lo que representa un cobro aproximado de 466.908 pesos.
La norma aplica de manera estricta para diferentes tipos de modificaciones realizadas sobre el suelo urbano, tales como abrir excavaciones, instalar estructuras comerciales o habitacionales, romper el pavimento o ejecutar obras que puedan afectar la movilidad o la infraestructura sin contar con el aval explícito de la administración municipal o distrital.
Además del pago de la sanción económica, las autoridades locales están facultadas para exigir que el responsable repare, por su propia cuenta, los daños ocasionados en el entorno intervenido cuando la obra haya generado afectaciones físicas en los bienes del Estado.
El objetivo de esta medida de convivencia es prevenir riesgos de accidentalidad para peatones y conductores, proteger los bienes de uso común y evitar intervenciones improvisadas que puedan comprometer las redes de servicios públicos o el adecuado funcionamiento de las vías.
Cabe destacar que la disposición no solo aplica para ciudadanos particulares. La ley cobija con el mismo rigor a empresas, contratistas de obras civiles y a cualquier persona natural o jurídica que adelante intervenciones sin cumplir con las licencias exigidas por las curadurías o las secretarías de planeación.
Por ello, antes de iniciar trabajos que impliquen modificar un andén, una calle, un separador o cualquier zona común, las autoridades recomiendan tramitar los permisos locales. Realizar este procedimiento de manera previa no solo evita multas innecesarias, sino también costosos procesos administrativos derivados de una obra declarada irregular.