Un día después del asesinato del periodista Mateo Pérez en el departamento de Antioquia, que se encontraba adelantando un trabajo de investigación por crímenes cometidos contra líderes sociales en esa zona del país, la Fiscalía presentó una resolución que fortalece las estrategias para investigar amenazas y crímenes contra comunicadores.
Mateo no tenía amenazas y se adentró en la región para conocer el detalle de los crímenes que estaban ocurriendo en contra de los líderes sociales y se convirtió en una víctima más de los grupos al margen de la ley que le declararon la guerra a los ciudadanos y al Estado.
Crímenes como estos, en contra de periodistas, se incluyeron en la resolución que la fiscal Luz Adriana Camargo firmó para tratar con un enfoque diferencial en las investigaciones que comprometen la vida e integridad de los periodistas, adelantar los procesos con un análisis de contexto que permita celeridad y efectividad.
“Esta decisión fortalece la respuesta institucional respecto a las agresiones contra la prensa, al incorporar estándares más rigurosos, oportunos y con enfoque diferencial, en reconocimiento del papel esencial que cumple el periodismo en la sociedad”, señaló la Fiscalía.
Insiste la Fiscalía en que las expresiones de violencia contra los periodistas se convierten en un ataque directo a la libertad de prensa, también al acceso a la información y la presentación de los datos a la opinión pública; de ahí la necesidad de adelantar las investigaciones en contexto.
“En ese sentido, el acto administrativo dispone que las investigaciones deben desarrollarse con una comprensión amplia del contexto, considerando tanto la agresión sufrida por el periodista como los hechos que este venía denunciando o verificando en ejercicio de su labor, con el fin de identificar posibles móviles relacionados con censura o retaliación por poner en evidencia intereses ilícitos”, dijo el ente acusador.
La resolución, que tiene la firma de la fiscal Luz Adriana Camargo, asegura que se debe manejar un estándar de “debida diligencia reforzada” para que los encargados de adelantar todas las investigaciones le pisen el acelerador a los procesos y, con el rigor técnico que exige la investigación, se eviten dilaciones injustificadas.
“Asimismo, introduce medidas específicas para casos que impliquen riesgo actual o inminente para la vida, la integridad o el ejercicio periodístico, en los que se deberá priorizar la protección de la víctima, la verificación inmediata del riesgo y la activación de mecanismos de protección o que prevengan nuevas agresiones”, advierte la resolución.
La resolución incluye fortalecer los procesos de recepción, registro y enrutamiento de las denuncias; de esta manera se garantiza que la información entregada por las víctimas, los periodistas, reciban la atención que requieren de acuerdo con el contexto y las situaciones de cada caso.