Los reproches a la Justicia Especial para la Paz (JEP) de varios sectores que consideran un gasto millonario de recursos en esa jurisdicción, con muy pocos resultados en materia de verdad, justicia y reparación, ahora tienen un ingrediente y llegan de la voz de las víctimas de las Farc.
El exdiputado del Valle, Sigifredo López, advirtió que la JEP contrató por más de 4.000 millones de pesos una asesoría para una consulta con diferentes comunidades en las regiones. El problema en este nuevo capítulo está con quienes firmaron ese millonario contrato.
La denuncia que llegó a las víctimas de las Farc advierte que la jurisdicción especial tomó la determinación de contratar con una persona condenada por hechos de corrupción y con una inhabilidad de por vida para contratar con el Estado, pero aun así terminó como contratista de la JEP y con los recursos de los colombianos.
“Una burla a las comunidades indígenas, afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras de todo el país; y una malversación de miles de millones de pesos, injustificadamente utilizados en actividades que no guardan relación con el proceso de expedición, tanto de la Ley 1922 del 18 de julio de 2018, como del Acuerdo del Órgano de Gobierno de la JEP 001 del 9 de marzo de 2018”, señala la denuncia que llegó a las víctimas de las Farc.
Víctimas de las Farc advierten que la JEP contrató por más de 4.000 millones de pesos con una persona que fue condenada por corrupción y con una inhabilidad para contratar con el Estado. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/nSE84Feg7T
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 6, 2026
El exdiputado y víctima de las Farc entregó detalles de quién sería la persona contratada con el propósito de adelantar las consultas previas en las comunidades que fueron determinadas. Al hacer la revisión, descubrieron que el contratista tenía semejante antecedente criminal.
“Que además de la malversación de recursos públicos por la injustificada e inexistente necesidad de un proceso de CONSULTA PREVIA, el desarrollo y ejecución contractual de los convenios de asociación presentan delicadas irregularidades constitutivas de delitos contra la Administración Pública, como son: peculado por apropiación, falsedad en documentos públicos, suplantación, entre otras graves anomalías encontradas, especialmente en el Convenio de Asociación que la Secretaría Ejecutiva de la JEP”, advierte la denuncia.
Sigifredo López le pide a las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes, no solo en el propósito de determinar si efectivamente ese contrato se le entregó a una persona condenada e inhabilitada para contratar con el Estado, sino que, de ser cierto, tomar las decisiones que correspondan.