Las organizaciones agrupadas en el movimiento Causa Justa por el Aborto presentarán este miércoles un informe que muestra los impactos de la pandemia en el acceso a la interrupción del embarazo en Colombia.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, Women’s Link Worldwide, la Red Nacional de Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos, con el apoyo de Fokus Colombia, unieron esfuerzos para producir el Informe de barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el contexto de la pandemia por covid-19, basado en un análisis de las dificultades para acceder a este derecho desde el 1.° de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, le dijo a SEMANA que una de las grandes conclusiones del informe es que la coyuntura del coronavirus profundizó las barreras ya existentes desde antes para el acceso al aborto y generó unas nuevas, “porque no se tomaron suficientes medidas para minimizar ese impacto de la pandemia en estos derechos”.
“En el contexto de covid se le dio prioridad a atenciones relacionadas con la pandemia. Era difícil acceder a información, era difícil acceder a estos servicios para las mujeres, lo cual fue bastante grave, ya que tenemos datos de que la violencia sexual aumentó en el contexto de covid, una de las causales para acceder al aborto”, explicó Angélica Cocomá, abogada de Women’s Link Worldwide, en entrevista con SEMANA.
Aunque el Ministerio de Salud reconoció que los servicios de salud reproductiva son esenciales y por eso no debían suspenderse durante la emergencia sanitaria, en la práctica las autoridades competentes no se esforzaron por prevenir posibles problemas en la práctica.
Dichos nuevos obstáculos identificados, son:
1) La falta de información sobre la prestación del servicio.
2) La ausencia de intimidad en los hogares de las mujeres para solicitar información.
3) Los problemas de conectividad a las tecnologías de información y comunicación de las mujeres más vulnerables.
4) La carga adicional de las labores de cuidado.
5) La agudización de las barreras de acceso para las mujeres migrantes, quienes no solo enfrentan las mismas barreras que las mujeres colombianas, sino que estas se recrudecen en razón a su situación migratoria.
Rosero señaló que las mujeres en zonas rurales o de menores recursos económicos fueron y son las más afectadas por los problemas del sistema para permitir el acceso a ese derecho, especialmente por los cierres casi totales ordenados por las autoridades.
“En muchos casos se dieron cierres de centros de salud, que por lo general son el único acceso al sistema de muchas poblaciones, que necesitan trasladarse largas distancias para poder acceder a otros servicios”, explicó, agregando que las suspensiones en los medios de transporte también sirvieron para aumentar la brecha.
Por su parte, Cocomá señaló que, desafortunadamente, aunque el aborto es un derecho en tres causales desde hace 14 años, el acceso sigue siendo muy inequitativo. Únicamente en las grandes ciudades, señaló, es posible acceder a este.
Dentro de los hallazgos del informe, cabe resaltar que el 79 % de los casos de mujeres que tienen dificultades para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se encuentran en los departamentos del Atlántico, Cundinamarca, Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca. Asimismo, el mayor porcentaje (41,4 %) de mujeres que enfrentaron obstáculos durante el año 2020 se encuentran entre los 19 y los 25 años.
La abogada de Women’s Link Worldwide señaló que las niñas y mujeres migrantes forman parte de las víctimas de las barreras de acceso al aborto, ya que al atravesar la frontera por pasos irregulares, pueden ser víctimas de violencia sexual, pero temen acudir a centros de salud para solicitar el procedimiento.
“No es un miedo infundado, tenemos datos de la Fiscalía que señalan que la mayoría de las investigaciones por aborto las realizan los profesionales de la salud, violando su secreto profesional. Adicionalmente, tenemos datos de que el 98 % de las mujeres investigadas viven en zonas rurales y la mayoría son mujeres jóvenes; incluso niñas de 13 y 14 años están siendo investigadas por el delito de aborto”, recalcó.
Con todo, para Angélica Cocomá una de las razones más grandes por las cuales existían, y ahora son más fuertes y numerosos los obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, es que se encuentra en el Código Penal. “Consideramos que es importante regular el aborto como un servicio de salud y salirnos de una regulación penal, que no es efectiva y que aleja a las mujeres del sistema de salud”, explicó la experta.