El 2026 llega con una reforma política que será propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil después de que los meses previos a las elecciones de este año dejaran ver varios puntos por ajustar en el sistema electoral.
El texto comenzará a moverse por iniciativa del registrador nacional, Hernán Penagos, y en la entidad ya están trabajando en los puntos clave de esa propuesta que será presentada ante varios parlamentarios, para que sean ellos quienes la radiquen ante el nuevo Congreso, próximamente elegido en las elecciones legislativas de marzo. Es decir, el objetivo de sus promotores es que esta se convierta en una de las primeras tareas a abordar a partir del 20 de julio y que las nuevas consideraciones comiencen a aplicarse para los comicios venideros.

Penagos poco habla de la propuesta ante los micrófonos porque el documento apenas está en construcción, pero ya sobre la mesa están algunos puntos importantes que tendrá esa iniciativa para corregir aspectos que se salieron de control en la preparación para estos comicios.
La reforma política limitará la cantidad de veces que un ciudadano puede firmar a favor de la aspiración de un precandidato, después de que en la precampaña de 2025 se reportara la recolección de 28 millones de firmas entre los 22 que se presentaron por medio de grupos significativos de ciudadanos.

Ese número fue superior a la cantidad de personas que votaron en la primera vuelta de las presidenciales de 2022 (21,4 millones) y en la segunda (22,4 millones), quedando por encima, incluso, de los porcentajes de participación política histórica que siempre ha tenido el país.
Esa cifra se debe, entre otros motivos, a que para esta contienda los ciudadanos podían firmar por diferentes candidatos. No obstante, la propuesta que está en camino busca limitar la cantidad de veces que una persona puede manifestar su respaldo a una aspiración política.

La creación de partidos se convirtió en una jugada política común en los meses recientes, gracias a escisiones de las colectividades que ya existían o las sentencias que les dieron nueva vida a viejas colectividades, al considerar que habían desaparecido en el marco del conflicto armado.

Sin embargo, ese sería otro de los puntos que atacaría la reforma política para limitar la proliferación de partidos que se convierten en agrupaciones unipersonales. Sin ir muy lejos, son tantos los partidos que existen en la actualidad (33) que la mayoría de estos presentaron sus listas de candidatos al Congreso en coalición con otras agrupaciones, algunas incluso de sectores políticos contrarios a sus principios, para intentar asegurarse pasar el umbral y mantener sus personerías jurídicas.
Colombia apenas ha celebrado dos contiendas para elegir a los Consejos de la Juventud, las instancias de carácter local que tienen la misión de darles participación política a los menores de 28 años. Quienes están trabajando en la propuesta consideran que esos escenarios podrían tener más alcance, buscando que los jóvenes que participan en esos espacios tengan más incentivos y que esas instancias políticas tengan más “dientes” en el aparato del Estado.

Desde septiembre de 2024, el Gobierno y su bancada radicaron una reforma política que no ha prosperado en el Congreso, con la que se buscaba la financiación estatal de las campañas, el fortalecimiento de los partidos y hacer ajustes en la autoridad electoral. Las demoras que vivió esa iniciativa en su trámite legislativo dan cuenta del reto que tendrán los promotores de la nueva reforma política.
