Las acciones tomadas para atender la emergencia causada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes, 10 de agosto, han puesto todos los focos de atención en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que en años recientes fue el epicentro de uno de los más grandes escándalos de corrupción durante el paso del gobierno de Gustavo Petro, que acaba de terminar.
Durante meses millonarios contratos de obra e interventoría, que en el papel estaban dirigidos a atender emergencias y mitigar todo tipo de riesgos, fueron desviados para saciar el voraz apetito de un grupo de congresistas de todas las vertientes políticas que entregó sus almas al diablo para aprobar las cuestionadas reformas del gobierno, con especial énfasis en aquellas tramitadas ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
A partir de un informe presentado por la Contraloría General en junio de 2024, se sabe que las monumentales cifras del saqueo llegan a varios miles de millones de pesos. “Son cinco billones de pesos que representan el detrimento, los sobrecostos y la corrupción”, destacó en aquella oportunidad el vicecontralor encargado en funciones, Carlos Mario Zuluaga, al advertir que la voraz rapiña comenzó en el año 2020.
De igual manera, el ente de control fiscal subrayó que en los departamentos de La Guajira, Córdoba, Bolívar, Santander y Boyacá se presentaron los principales casos de contratación irregular, y que tan sólo en el departamento de Santander se registraron irregularidades que llegaron a alcanzar el billón de pesos, si bien dicha cifra podría aumentar en forma considerable, por razones que ahora saltan a la vista.
Por cuenta de la extraña forma en que fue concebida, la UNGRD terminó convertida en un lucrativo fortín burocrático en el que algunas personas administraron sus cuantiosos recursos, haciendo de una institución que debía salvar vidas una triste plataforma para robar a manos llenas, y que, terminó por ser definitivamente saqueada durante la administración de Olmedo de Jesús López Martínez, antiguo militante del M-19 y compañero de armas de Gustavo Francisco Petro Urrego, o “comandante Aureliano” entre los subversivos que integraban su círculo más íntimo.
Ahora, en medio de la catástrofe que hoy enluta y llena de incertidumbre y horror a todo un país, la UNGRD se ha visto a gatas para llegar a todos aquellos territorios que necesitan con urgencia extrema el despliegue de todos los organismos de socorro, así como las acciones que conduzcan a reconstruir en el menor tiempo posible las mínimas condiciones de vida digna a todo lo largo y ancho del extenso y complejo suroccidente del país.
El escándalo en cifras
Tan sólo en el caso que destapó la olla podrida en la UNGRD, es decir, el de la adquisición de 40 carrotanques para llevar agua potable a zonas recónditas de La Guajira, la Contraloría General calculó que el detrimento alcanzó los 16 mil millones de pesos, puesto que el valor real de cada vehículo -según sus especificaciones técnicas- era de 30.800 millones de pesos y no de $46.800 que terminaron siendo reportados.
Como si fuera poco, y debido a que a pesar del cuantioso sobrecosto los vehículos registraban fallas técnicas, de tal manera que nunca cumplieron su misión, puesto que tampoco contaban con la capacidad para acceder a zonas desérticas -tan comunes en La Guajira- averiándose continuamente. Reprochable situación a lo que se sumó el hecho que por varios meses estuvieron oxidándose en un parqueadero, producto del calor abrazador y la sal marina.
El programa ‘Hambre Cero’ que tenía como finalidad llevar raciones alimentarias a regiones vulnerables de La Guajira y Arauca, también presentó sobrecostos e inconsistencias administrativas y técnicas, de conformidad con el primer informe fiscal que indicó, hace ya dos años, que el contrato para atender a los habitantes de los municipios de Hatonuevo y Manaure tuvo un sobrecosto de mil millones de pesos.
De otra parte, las acciones llevadas a cabo para alivianar la situación de 6.200 personas en los municipios de Saravena, Tame y Fortul en Arauca ante una serie de inundaciones excedieron el gasto inicial, reportando un sobrecosto que llegó a alcanzar los 1.064 millones de pesos.
El programa de Olas Comunitarias y Cosechas también fue víctima de los “saqueadores” de la UNGRD que no respetaron credo alguno. La lupa de la Contraloría busca establecer quiénes estuvieron detrás de las deficiencias de supervisión y falta de soporte documental.
Teniendo en cuenta los soportes revelados por Olmedo López y documentos oficiales, se encontró que el contrato que tuvo un valor estimado entre los 20 y 400 millones de pesos para garantizar raciones diarias y completas de comida a las comunidades indígenas y rurales en el municipio de Albania que resultaron gravemente afectadas por la sequía, con un sobrecosto que alcanzó los 2.000 millones de pesos.
La falta de transparencia y trazabilidad evidenciaron que tanto cocineros como manipuladores de los alimentos y proveedores nunca recibieron los pagos prometidos. El convenio estaba constituido por “contratistas de papel” que no contaban con empresas certificadas o existentes. Además, se rellenaron centenares de listados con supuestos beneficiarios que resultaron ser “fantasmas”, ya que las cédulas o no existían o correspondían a personas ya fallecidas.
Corolario del vergonzoso e indignante rosario de perlas se encuentran las obras regionales adelantadas en Santander, Córdoba, Bolívar y Arauca, que se tradujeron en 21 proyectos por un valor de 317 mil millones de pesos para la puesta en marcha de obras de mitigación de inundaciones, canalización de ríos y contención de erosión.
Coincidencialmente, tres de estos cuatro departamentos aparecían en letras mayúsculas en el bloc de hojas amarillas que le entregó Olmedo López a la Fiscalía, en una de sus mayores colaboraciones con las autoridades.
En la lista se señalaba que los convenios de Arauca y Córdoba estaban reservados para los congresistas que habían comprometido su voto a favor de las “petroreformas”.
Es por esto que las autoridades judiciales han concluido que a diferencia de los otros casos, en este punto se pagaron favores políticos a los congresistas, mientras que en los convenios de obra y mitigación del riesgo en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar) se pactaron 90 mil millones de pesos.