SEMANA conoció en su totalidad los informes elaborados por el equipo de empalme anticorrupción del presidente electo Abelardo De La Espriella frente a millonarios contratos firmados en el Ministerio de Educación, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (actual Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
En los documentos que fueron presentados ante la Procuraduría General y la Contraloría General se advierten varias irregularidades en la celebración de millonarios contratos en los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro.
Situación por la cual se pide que se ponga la lupa y se les dé prioridad a las investigaciones sobre los hechos que rodearon la celebración de estos convenios.
El contrato en mención tiene que ver con la iniciativa Computadores para Educar, una sociedad sin ánimo de lucro constituida con las entidades anteriormente mencionadas.
El contrato firmado el pasado 11 de agosto habría sido celebrado de manera irregular y sin contar con los principios básicos exigidos por la ley. Por ello se pidió la suspensión provisional de la celebración de este convenio.
“En consecuencia, y de considerarlo pertinente, la propia Procuraduría General podía solicitar, de manera directa, la suspensión de contratación que se adelanta en el eno de Computadores para Educar requiriendo además toda la información útil y conducente, incluyendo los antecedentes administratvos del procedimiento administrativo contracutal y la redención de informes, para esclarecer el efectivo apego al deber de selección objetiva y el cumplimiento de los principios propios de la contratación estatal”, indica la petición.
Contratos en FonIgualdad
En otro documento conocido en su totalidad por SEMANA, el equipo de empalme anticorrupción del Gobierno entrante pidió revisar el caso del FonIgualdad.
“La presente solicitud se fundamenta en las presuntas irregularidades advertidas en la actividad contractual desarrollada por el patrimonio FonIgualdad administrado por Fiduagraria S.A., con ocasión de la celebración de los contratos suscritos con Laborando S.A.S., respecto de los cuales la Contraloría General advirtió la configuración de un riesgo inminente de afectación al patrimonio público”, señala el representante del empalme anticorrupción.
Esto, añade al citar la posición del ente de control fiscal, pues existe un “riesgo inminente de afectación al patrimonio público, al no evidenciarse resultados verificables que demostraran que la contratación de personal en misión contribuye al cumplimiento de la finalidad para el cual fue creado el Fondo”.
Dicho Fondo, que fue conformado en el 2003, buscaba “administrar eficientemente” los recursos públicos para financiar programas, planes y proyectos orientados a disminuir las brechas de desigualdad poblaciones y las inequidades territoriales que afectan a diversos grupos de especial protección constitucional".
Sin embargo, en los contratos firmados en la recta final del Gobierno Petro, no se pudo verificar una relación con los objetivos anteriormente mencionados.
Debido a esto, se solicitó obtener toda la documentación relacionada con este contrato.
“Por lo anterior, considero que los hechos descritos ameritan la intervención y verificación del Ministerio Público para determinar (i) las circunstancias en que fueron escrutinados, celebrados, ejecutados y supervisados los contratos suscritos por el patrimonio autónomo FonIgualdad con Laborando S.A.S.; (ii) la participación e intervención de los servidores públicos que hubieren intervenido en las distintas etapas de actividad contractual objeto e la presente queja”, pidió el equipo anticorrupción.
Finalmente, se puso de presente que si en el desarrollo de la “mencionada actividad contractual se desconocen los princpios que rigen la contratación estatal y la función administra” se tomen las acciones corresondientes.