Por las presuntas irregularidades que rodearon la celebración y ejecución del contrato de brazaletes electrónicos de monitoreo para detenidos, la Procuraduría General abrió una investigación en contra de funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
El organismo de control disciplinario intenta identificar si en la adjudicación a la Unión Temporal Utefectiva se presentó una irregularidad mediante el ocultamiento de fallas técnicas y operativas en el suministro para el monitoreo de detenidos, pese a los millonarios pagos.
En la queja radicada se advierte que el contrato bilateral suscrito en el 2025 se habría adjudicado a dedo, con ocultamiento de fallas técnicas y operativas por parte de funcionarios de la USPEC y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
En diciembre de 2023, en el proceso de licitación, empezaron a sonar las primeras alertas de irregularidad frente a la entrega del millonario contrato.
La adjudicación de realizó luego de que la entidad abriera una licitación por más de $94.000 millones para contratar la operación de los brazaletes electrónicos para custodiar a más de 5.500 personas privadas de la libertad en todo el país, que se cuentan con el beneficio de casa por cárcel.
“Los esfuerzos del Gobierno se ven reflejados en esta clase de actuaciones, en donde prevaleció la pluralidad de oferentes y en donde se promovió la industria nacional colombiana. Los soportes de adjudicación se encuentran publicados en el Portal Único de Contratación a través de la plataforma SECOP II”, indicó la Uspec en su momento.
La Contraloría General ya había cuestionado la forma en cómo se estaba adelantando el proceso de licitación del mencionado contrato.
“No puede dejarse de lado el comportamiento reiterado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que desde el momento que declaró la primera urgencia manifiesta, esto es en el año 2019, argumenta que no contar con el presupuesto, ni con el tiempo suficiente para la planeación de un proceso contractual con garantías de pluralidad de oferentes y selección objetiva, y por contrario, sigue insistiendo en el uso de esta figura como mecanismo para acudir a la contratación directa”, indicó la Contraloría en una resolución alertando sobre la situación.
En este proceso se habrían presentado pagos irregulares de Prepacol por cerca de 1.500 millones de pesos, al parecer sin cumplir lo contratado, y conflictos de interés con la interventora.
Debido a esto, el ente de control ordenó la práctica de una serie de pruebas para identificar posibles responsables, verificar supuestas irregularidades como la manipulación de informes y determinar si estos hechos configuran faltas disciplinarias.