La Sociedad de Activos Especiales (SAE) dio a conocer que, en medio de dos operaciones, recuperó un par de inmuebles ubicados en el departamento de Antioquia; los mismos están bajo medida cautelar de extinción de dominio y fueron ocupados de manera irregular.
Los procesos de desalojo se llevaron a cabo en los municipios de Envigado y Girardota, después de identificar que familiares de los antiguos propietarios y terceros habitaban las propiedades sin la respectiva autorización del Estado colombiano.
La propiedad en Envigado y la red de ‘Los Chanceros’
El primer operativo de recuperación tuvo lugar en un inmueble de amplias proporciones ubicado en Envigado. Esta propiedad está vinculada al proceso judicial contra Marco Benicio Gómez Rodríguez, quien es investigado por su participación en la estructura delincuencial denominada ‘Los Chanceros’.
De acuerdo con los reportes oficiales, esta organización se dedicaba a la comercialización de rifas y juegos de azar no autorizados, lo que generó una afectación directa al monopolio rentístico del Estado.
Las autoridades judiciales señalan a Gómez Rodríguez como uno de los coordinadores logísticos de la red, siendo el presunto responsable de contratar al personal encargado de distribuir los talonarios ilegales en diferentes zonas.
Por estos hechos, el individuo enfrenta un proceso penal por los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o munición.
El expediente detalla que la estructura criminal logró consolidar un esquema económico mediante la evasión sistemática de impuestos. Este accionar ilícito motivó a las autoridades a aplicar la medida de extinción de dominio sobre un total de 36 bienes asociados a la organización, cuyo valor comercial conjunto supera los 15.000 millones de pesos.
Durante la diligencia de inspección en Envigado, los funcionarios de la SAE corroboraron que la familia del procesado residía en el lugar. Las personas tuvieron que abandonar las instalaciones debido a que el predio se encuentra bajo administración estatal y su uso habitacional requiere de un contrato formal de arrendamiento con la entidad.
Desalojo en Girardota y controles de la SAE
En una segunda intervención, la entidad recuperó un inmueble situado en el municipio de Girardota. Esta propiedad pertenecía a un ciudadano identificado con el alias de ‘Botija’, señalado por las autoridades de liderar una red transnacional de narcotráfico.
Según las investigaciones, este individuo utilizaba el centro del Valle de Aburrá como base para coordinar el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.
Al momento de la inspección, el predio estaba siendo utilizado por ciudadanos que no contaban con ningún aval legal para habitarlo. El equipo técnico de la SAE ejecutó el desalojo correspondiente para retomar el control de la propiedad.
Sobre el balance de estas operaciones, Cristian Bolívar, coordinador de la dirección territorial Occidente de la SAE, aclaró las directrices que rigen estos predios.
“Los bienes que se encuentran en proceso de extinción de dominio no pueden ser ocupados sin autorización; nuestra obligación es protegerlos y garantizar que permanezcan bajo administración legal mientras la justicia define su situación definitiva”, puntualizó el directivo.