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  Salvatore Mancuso (izq.) y Benito Osorio (der.) señalaron que Lafaurie los visitó para pedir que presionaran a los magistrados de la Corte.
Salvatore Mancuso (izq.) y Benito Osorio (der.) señalaron que Lafaurie los visitó para pedir que presionaran a los magistrados de la Corte. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA

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Mancuso tiene una nueva medida de aseguramiento por delitos cometidos entre por 1996 y 2006

La medida tiene relación con diversos delitos ejecutados por los hombres que tenía a su mando en cinco departamentos.

Esta semana, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, conocido dentro de la estructura armada ilegal con el alias de El Mono, volvió a ser noticia. Esto después que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le abriera la puerta para un sometimiento.

Mancuso, quien comandó varios bloques paramilitares en el norte del país y estuvo en la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia, tendrá que cumplir una serie de compromisos si quiere recibir los beneficios judiciales.

El excomandante paramilitar deberá contar absolutamente toda la verdad sobre el conflicto armado, las alianzas criminales que adelantaron en los departamentos para acrecentar el poder de los paramilitares.

Así lo señaló el presidente de la JEP, Camilo Cifuentes, quien detalló que de avalarse su sometimiento –el cual sería exclusivo porque esa jurisdicción se creó para juzgar a exguerrilleros de las Farc agentes de la Fuerza Pública y terceros civiles– se tomarán las medidas para garantizar su seguridad y protección para él, su núcleo familiar y apoderado judicial.

“Esta es una verdad que las víctimas necesitan, se trata de crímenes en los cuales de manera conjunta operó la Fuerza Pública con los cabecillas máximos del paramilitarismo”, precisó el magistrado Cifuentes.

Teniendo en cuenta su jerarquía y mando, Mancuso tendría información fundamental sobre el fenómeno paramilitar y las alianzas que se pactaron para expandirse por varios departamentos, controlar parte importante del Congreso, alcaldías y gobernaciones.

“Los paramilitares no ingresan a esta jurisdicción, aquí se trata de los máximos líderes del paramilitarismo que han puesto de servicio de la Fuerza Pública sus redes y ejecutaron conjuntamente patrones de macrocriminalidad que esta jurisdicción tiene que juzgar y condenar”, señaló el presidente de la JEP.

Pese a que ya cumplió su condena en los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, el excomandante paramilitar sigue privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad.

Sin embargo, este viernes la Sala de Justicia y Paz dictó una nueva medida de aseguramiento en su contra por delitos relacionados con los crímenes cometidos por los hombres que comandó entre los años de 1996 y 2006 en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Norte de Santander.

En la decisión se señala que Mancuso, junto a otros postulados a Justicia y Paz, incurrieron en los delitos de homicidios en persona protegida, desaparición forzada, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, violencia basada en género, entre otros muchos delitos graves.

“Esta se suma a otras 20 medidas de aseguramiento que desde 2019 (cuando se autorizó su conexión virtual desde Estados Unidos) este Tribunal ha dictado en contra de Mancuso Gómez por otros terribles actos”, precisa la resolución de cuatro páginas de Justicia y Paz.

En el documento se citan las acciones ejecutadas por Mancuso cuando comandó el Frente José Pablo Díaz, el Frente Mártires del Cesar, la Resistencia Motilona, el Frente Pivijay y los Bloques Catatumbo y Córdoba.

En contra del excomandante de las AUC existen 20 medidas de aseguramiento por 11.327 hechos de violencia en el país que dejaron 7.917 víctimas durante el conflicto armado, principalmente en el norte de Colombia.

En el fallo se emitió una sentencia absolutoria a favor del exparamilitar Jaime Luis Granados Hernández, por considerar que no hay las pruebas que permitan inferir su responsabilidad en crímenes de guerra.

Sin embargo, se revela que la Fiscalía General podrá insistir en la legalización de los cargos que ya le fueron imputados si lo considera procedente.