Metro de Bogotá: Tribunal cerró discusión por demanda que pedía anular cualquier intento de modificar los planos

A última hora fue retirada la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá, y con la cual se pedía anular cualquier intento por modificar los planos para la construcción de la Primera Línea del Metro, en la capital de la República.

La concejal de Bogotá, Lucía Bastidas “presentó solicitud de retiro” a la acción judicial. De esta forma, finalizó, por el momento, la discusión sobre el tema. En la decisión conocida por SEMANA, el magistrado ponente Felipe Alirio Solarte Maya ya le notificó la decisión a todas las partes demandadas.

En la demanda inicial se cuestionaba el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro que pedía modificar un tramo para que la obra fuera subterránea y no elevada como se tenía presupuestado y diseñado. Para la cabildante de la Alianza Verde, esta acción afectaba directa y considerablemente los intereses de todos los bogotanos.

Por esto había pedido la protección de los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, el goce del espacio público; y la utilización y la defensa del patrimonio público, que estarían en riesgo por la modificación de 9,6 kilómetros de la primera línea del Metro que, para el momento de la demanda, llevaba un 18% de su construcción.

Frente a esto, pedía que la Alcaldía de Bogotá se abstuviera de realizar cualquier cambio al proyecto del Metro y continuara con el cronograma de la ejecución. En vez de esto, se pedía convocar un diálogo enfocado exclusivamente a reiterar los lineamientos que se “tenían pactados con los adjudicatarios del proceso de licitación, que tiene a su cargo la ejecución del megaproyecto. Esto con el fin, de que la obra se ejecute sin modificación o contratiempo alguno”.

Es un esperpento

El pasado 2 de febrero, el presidente Gustavo Petro puso nuevamente sobre la mesa el tema del Metro de Bogotá. En su concepto, calificó el diseño como “un esperpento” y una “chambonada”, por lo que manifestó la necesidad que un tramo debería ser subterráneo.

El jefe de Estado indicó que la firma de abogados contratada por la Casa de Nariño anotó que es posible hacer los cambios que él tiene en mente para el metro de Bogotá.

“Todos los abogados consultados por el Gobierno nacional nos han dicho que el contrato del metro se puede reformar para dejar un tramo subterráneo. Los conceptos están ya en poder de contratistas y del Distrito”, trinó en esa oportunidad.

Estas objeciones fueron puestas de presente por el equipo de abogados a la Alcaldía de Bogotá. “Los datos empíricos anotados permiten sostener que la posibilidad (de) modificar (bien sea de mutuo acuerdo o unilateralmente) el contrato de concesión en ejecución, no puede ser el resultado de la improvisación, sino que debe constituir el fruto de una tarea programada y preconcebida, que permita vincular la actividad contractual de las entidades públicas dentro de las estrategias y orientaciones generales de las políticas económicas, sociales, ambientales o de cualquier otro orden diseñadas por las instancias con funciones planificadoras en el Estado, previa la coordinación interinstitucional de las entidades y organismos responsables de la materia”.

“Esto se advierte como necesario y determinante si se tiene en cuenta que, tras advertir los problemas o alteraciones del proyecto por los inconvenientes en la gestión predial del proyecto, en los efectos económicos que ello supone por construir el Metro elevado, aunado a las graves afectaciones que supone la construcción del proyecto en esta modalidad para la movilidad y la normal circulación del tránsito vehicular en la ciudad, sin perjuicio de advertir que la realización de estudios serios y profundos sobre el particular dejará en evidencia los menores costos de la construcción subterránea, es del todo necesario y posible jurídicamente que la Administración proceda conforme a derecho y plantee cuanto antes la necesidad de realizar estos cambios al proyecto, so pena de afectar o desconocer las exigencias del bien común y atentar contra los postulados inherentes a la justicia distributiva, como se expuso en los párrafos precedentes”, señala el documento.