El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en rueda de prensa sobre el balance operativo de las fuerzas de seguridad frente a los comicios actuales. Según el reporte oficial, hasta la fecha se han incautado aproximadamente 2.000 millones de pesos que presuntamente estarían destinados a la compra y venta de votos en distintas regiones del país.
El jefe de la cartera de Defensa detalló una serie de procedimientos que han permitido el decomiso de altas sumas de dinero en efectivo.
Entre los casos más destacados en Antioquia, se reportó una incautación el 28 de enero por 212 millones de pesos transportados en una motocicleta, y otra el 20 de febrero en la zona de El Triunfo por 243,5 millones hallados en una camioneta. En ambos casos, los implicados fueron puestos en libertad, aunque las investigaciones penales continúan vigentes.
En el departamento de Santander, el 3 de febrero se decomisaron 109,9 millones de pesos que eran movilizados en un camión.
Por su parte, en el Meta, se registraron tres eventos significativos: 56,9 millones en Villavicencio el 5 de febrero; 145 millones el 2 de marzo en un vehículo particular; y el reporte más reciente, el 6 de marzo en Acacías, con 77,5 millones de pesos y una captura en proceso de audiencia.
El ministro Sánchez enfatizó que el hecho de que algunos capturados queden en libertad no significa el cierre de los procesos judiciales, pues la recolección de pruebas y la trazabilidad del dinero siguen bajo estudio de la Fiscalía.
En el Valle del Cauca, específicamente en Buenaventura, se realizaron dos operativos mediante controles viales el 11 y 18 de febrero, sumando una incautación total de 162 millones de pesos.
La costa Caribe también ha sido foco de estas intervenciones. En Montería, Córdoba, el 4 de marzo se realizó la incautación más alta de este reporte, con 434,7 millones de pesos hallados en un vehículo.
En San Onofre, Sucre, y en el departamento de Chocó, se reportaron decomisos adicionales por 28,3 y 20 millones de pesos respectivamente, durante la misma jornada del 4 de marzo.
Finalmente, el Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a responsables de delitos electorales, siguiendo las directrices del presidente de la República.
El ministro reiteró que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares mantienen el despliegue constitucional para vigilar la transparencia de la jornada y el flujo de capitales no declarados.