A horas que comience la jornada de elecciones del próximo fin de semana, la Policía extremó las medidas para evitar la corrupción electoral.
En medio de estas acciones, donde prácticamente hay una cacería por parte de las autoridades contra quienes buscan torcer los comicios con prácticas como la compra de votos, se destinaron 120 investigadores que tienen como única tarea ir detrás de quienes cometan corrupción electoral.
Sobre este dispositivo especial, el Director de la Dijín, Dirección de Investigación Criminal, el coronel Elver Alfonso Sanabria, dijo que: “En el nivel central contamos con 120 investigadores y 12 despachos delegados de la Dirección Especializada Contra la Corrupción y en el nivel desconcentrado con 150 investigadores y 35 despachos fiscales seccionales.”
Añadió el mando policial que: “actualmente, se adelantan 14 macroprocesos investigativos a nivel nacional por delitos electorales, orientados a desarticular estructuras o redes que pretendan afectar el libre ejercicio del sufragio”.
SEMANA reveló en primicia el informe sobre presunta corrupción electoral, donde se reporta la incautación de más de 1.700 millones de pesos de dudosa procedencia y que al parecer irían para la compra de votos.
En el documento se lee que han sido decomisados 1.760 millones de pesos, se han ejecutado 20 capturas, de las cuales 15 personas han quedado en libertad y cuatro están pendientes por resolver su situación jurídica.
Los hechos se han presentado en Córdoba, Antioquia, Meta, La Guajira y Santander. Uno de los casos que hace parte del expediente es el del escolta de la Unidad Nacional de Protección asignado al secretario general de la Cámara de Representantes, quien fue sorprendido en La Guajira con más de 140 millones de pesos y propaganda electoral.
Añadió la Dijín que sobre el dispositivo para el fin de semana que: “La DIJIN aplica un Modelo de Anticipación e Intervención contra la Corrupción, basado en 14 variables técnicas, con las cuales pudimos priorizar 272 entidades territoriales con posibles riesgos de afectación a la transparencia electoral y a la seguridad. Este modelo integra información proveniente de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el Mecanismo URIEL, inteligencia policial y fuentes abiertas”.