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Los habitantes no se explican cómo la Alcaldía de Bogotá permitió estas urbanizaciones sin la exigencia de una vía pública. Para solucionar el problema de agua, deben pagar 45.000 millones de pesos a fin de construir la red.
Los habitantes no se explican cómo la Alcaldía de Bogotá permitió estas urbanizaciones sin la exigencia de una vía pública. Para solucionar el problema de agua, deben pagar 45.000 millones de pesos a fin de construir la red. - Foto: esteban vega la-rotta

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Pesadilla en el estrato 6: la dramática historia de un conjunto del norte de Bogotá sin vías ni alcantarillado

A pesar de que pagan impuestos, la Alcaldía de Bogotá no reconoce a Los Arrayanes como barrio y le ha negado la prestación de los servicios públicos en zonas comunes ¿Quién responde?

Hace unos diez años, 1.500 familias cumplieron el sueño de tener una vivienda propia, estrato 6, en el norte de Bogotá. Pero pronto todo terminó en una pesadilla por la “negligencia y falta de control de las autoridades distritales”, como ellos mismos dicen.

Se trata de la comunidad de Los Arrayanes, en zona rural de Suba. En el sector hay siete conjuntos residenciales y, aunque la ley es clara en exigirles a los constructores la obligación de garantizar los servicios públicos en zonas comunes y el acceso por medio de vía pública, en el lugar sucede todo lo contrario.

El único acceso a todos los conjuntos residenciales es la calle 209, a la altura de la autopista Norte. No obstante, para sorpresa de los 6.000 residentes, la 209 es una vía privada, lo que ha generado un inmenso problema para la comunidad. Hace tres años, con una calle totalmente deteriorada y ante la negativa del IDU de efectuar cualquier intervención, los habitantes no tuvieron más remedio que reunir 600 millones de pesos para pavimentarla, pero la inversión se quedó corta y hoy gran parte se encuentra en pésimo estado.

Los habitantes dicen que no tienen derecho al servicio de alcantarillado y agua potable. - Foto: esteban vega la-rotta

“Nos vimos nuevamente en la obligación de buscar una solución. En una primera fase, recogimos 40 millones de pesos, pero no nos alcanzaron, y ahora para tapar el total de 234 huecos que aún permanecen en la vía necesitamos 75 millones de pesos adicionales. Las entidades se niegan a intervenir, pero ya es justo que lo hagan. Nosotros no podemos estar sacando recursos de forma permanente”, aseguró Marcela Reyes, residente del sector.

Lo que no se explican los habitantes es cómo la Alcaldía de Bogotá permitió construir estas urbanizaciones sin la exigencia de una vía pública. “Nos dicen que la vía es privada, pero no tenemos idea de a quién le pertenece. No entendemos cómo las curadurías, que están sujetas a la Secretaría de Planeación, otorgan unas licencias de construcción y no exigen el cumplimiento de los requisitos mínimos”, afirmó María Clara Colón, habitante de la zona.

SEMANA contactó al director del IDU, Diego Sánchez, para indagar a quién le pertenece la vía y por qué el Distrito no ha buscado soluciones al respecto, pero el funcionario se abstuvo de dar declaraciones. “No existimos para el Distrito. De hecho, tenemos información de que no somos un barrio legal, no hacemos parte del POT de Bogotá y, por lo tanto, nuestras vías no tienen acceso a mantenimiento. Tampoco tenemos derecho al servicio de alcantarillado y agua potable, somos invisibles para el Estado”, agregó Colón.

Ante la falta del servicio de acueducto, la comunidad se ve en la obligación de pagar agua en bloque, pero en varias ocasiones llega amarilla y de mala calidad. “La solución de la Empresa de Acueducto de Bogotá es que nosotros tenemos que pagar 45.000 millones de pesos de nuestro bolsillo para que ellos nos puedan construir la red”, subrayó Colón.

Cristina Arango, gerente del Acueducto de Bogotá, explicó que son los constructores los que deben garantizar las conexiones necesarias para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. No obstante, aclaró que la entidad no es prestadora del servicio en el lugar, pues al ser una zona rural le corresponde a Cojardín.

Sin embargo, en busca de dar soluciones, la funcionaria reconoce que se le ha planteado a la comunidad que presente una manifestación de interés para que la EAAB pueda entrar en la zona y así construir la red que necesita. Pero, eso sí, la millonaria inversión tiene que correr por cuenta de los usuarios.

En el conjunto Camino de Arrayanes la problemática es aún mayor. Las constructoras, a falta de una red de alcantarillado de aguas residuales, erigieron una planta de tratamiento, pero sin las exigencias mínimas de ley. “La CAR ha sido omisiva porque emitió un permiso de vertimientos de agua al río Bogotá a una PTAR que no cumple con los requisitos de funcionamiento ni con la ley ambiental”, precisó Colón.

La norma exige que las PTAR deben estar como mínimo a 75 metros de distancia de cualquier casa, pero en el conjunto la planta de tratamiento tan solo se encuentra a 7 metros de distancia de las viviendas. De acuerdo con los residentes, esto ha generado una alta contaminación ambiental, pues los olores que emana la planta son insoportables, lo que ha ocasionado múltiples enfermedades entre la comunidad.

Al respecto, Carlos Bello, director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la CAR, señaló: “nosotros como autoridad ambiental no otorgamos el permiso para la construcción de la PTAR, lo que otorgamos es un permiso de vertimiento cumpliendo todos los requisitos, pues la CAR lo que hace es vigilancia sobre el recurso hídrico, en este caso el río Bogotá, que es donde la constructora pidió el permiso para verter”.

Ahora, en cuanto a la distancia, Bello puntualizó que “para el permiso de vertimiento no se exigen parámetros de distancia, por lo cual no podemos como autoridad ambiental hacer una exigencia que no es procedente”.

De esta manera, no hay explicación del por qué se le autorizó a los constructores a erigir una PTAR sin la distancia mínima requerida, pero a la fecha nadie responde ante este incumplimiento de la norma.

No obstante, lo más alarmante en el caso de la PTAR, es que el permiso de vertimientos fue solicitado en el 2016 y la CAR lo otorgó en el 2019. Así consta en la resolución 492 del 2019 de la CAR en poder de SEMANA. Esto quiere decir, que durante 7 años, la planta funcionó sin el aval requerido para verter en el río Bogotá. Una situación inexplicable.

Pero este no es el único problema ambiental que se presenta en la zona y en el que la CAR se ve involucrada. Según lo denuncia Colón, la comunidad también está afectada por el crecimiento exponencial de los cuerpos de agua sobre la calle 209, siendo un foco de contaminación e infecciones. Sin contar, el crecimiento desbordado de la capa vegetal y los árboles sobre la vía.

“Hace una semana requerimos a la Alcaldía de Suba frente a este tema y ellos pidieron que la CAR viniera a intervenir, pero la respuesta es que teníamos que presentar una acción popular porque esto es una vía privada y no pueden venir acá. La CAR acá es invisible, ella solo es visible para ayudar al constructor”, dijo Colón.

Frente a estas denuncias y el por qué la CAR se ha negado a hacer presencia en la zona, el director Bello le aseveró a SEMANA que no se explica el por qué de la negativa de los funcionarios de la entidad para dirigirse al lugar y se comprometió a iniciar las medidas correctivas al respecto. Asimismo, prometió visitar la comunidad personalmente en caso de ser necesario.

Aseo y alumbrado público

Como si fuera poco, la Uaesp también se niega a prestar el servicio de alumbrado público y de aseo en las calles, obligando a los residentes a barrer y depositar los desechos en las canecas, pues de lo contrario el operador no recoge las basuras.

De hecho, en la zona hay un parque público que se construyó hace 12 años, pero nunca ha sido encendido con alumbrado público en la noche, lo que indudablemente ha aumentado la inseguridad.

Este problema en particular, ha obligado a los residentes a tener que pagar una patrulla privada de las empresas de vigilancia para que hagan rondas por las zonas, pues la Policía muy esporádicamente hace presencia en el lugar. Los constructores de estas viviendas guardan silencio.

Esta es toda una pesadilla para una comunidad que le paga el impuesto predial rural a la capital del país, pero como barrio no existe para la Alcaldía de Bogotá.