El magistrado Vladímir Fernández, integrante de la Corte Constitucional, ha tenido una semana tensa después de que sus colegas de la Sala Plena discutieron su futuro al interior de la corporación, luego de que aparecieran nuevas pruebas que lo involucrarían con el escándalo de corrupción en la UNGRD.
En medio de esa discusión, la Fundación para el Estado de Derecho (Fede), una organización que defiende la institucionalidad, expidió un comunicado pidiéndole al togado que se separe de sus funciones de manera temporal hasta que se esclarezca su posible participación en el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Sin mencionar su nombre, la Corte Constitucional también emitió un comunicado aclarando que Fernández está amparado por la presunción de inocencia, conserva todas sus garantías constitucionales y respetarán cualquier decisión que tome la justicia sobre su futuro.
Sin embargo, Fede Colombia le pidió al magistrado Vladímir Fernández “su separación temporal de funciones mientras se esclarecen los hechos” que lo tienen investigado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Desde la Fundación consideraron que la Corte tiene una posición central en la defensa de la Constitución, los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes públicos, por eso consideraron que la independencia, la imparcialidad y la credibilidad de esa corporación también deben darse frente a cualquier circunstancia que pueda comprometer su autoridad.
Sobre la solicitud a Fernández para que se aparte temporalmente del cargo, la organización aclaró: “Esta medida no comporta una valoración sobre su responsabilidad ni sustituye las competencias de las autoridades encargadas de investigarlo. Se trata de una medida temporal dirigida a separar el trámite de los cuestionamientos individuales del ejercicio de las funciones de la Corte”.
La Fundación para el Estado de Derecho también le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, competente para investigar al magistrado, que adelante con “prontitud y rigor” todas las investigaciones necesarias para determinar si Fernández tendría alguna responsabilidad en uno de los mayores escándalos del gobierno Petro.
En una de sus portadas de la edición impresa de abril de 2025, SEMANA reveló las conversaciones que Vladímir Fernández sostuvo con la exconsejera para las regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz, para poner en marcha una presunta operación corrupta para garantizar que el hombre de confianza de Petro llegara a la Corte Constitucional de Colombia.
El antecedente Pretelt
Varios sectores han recordado que el magistrado Fernández estaría atravesando una situación similar a la de Jorge Pretelt, el expresidente de la Corte Constitucional que se apartó de su cargo a principios de 2015, después de que su nombre apareció en el escándalo de corrupción conocido como Fidupetrol.
Un año después, el Senado de la República admitió la acusación en su contra por el delito de concusión y lo suspendió formalmente de su investidura como magistrado. Esa decisión movió el expediente a la Corte Suprema de Justicia.
En septiembre de 2016, la Corte Constitucional eligió al magistrado auxiliar Aquiles Arrieta como el reemplazo encargado de ocupar el despacho de Petrelt; pero tuvieron que pasar nueve años para que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme su condena de 6 años de prisión, los 500 millones de pesos que exigió a la firma Fidupetrol a cambio de favorecer una tutela.