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Polémica: policía comprará millonario sistema para vigilar redes sociales

La institución aclaró que el novedoso sistema no invadirá la esfera de la intimidad personal, el habeas data ni se utilizará para ubicar o rastrear personas.


La policía confirmó que adquirirá, para los servicios de inteligencia, un sofisticado sistema de inteligencia artificial para consultar información de carácter público.

La aclaración la hizo la institución, luego de las versiones que circularan en redes sociales, desde donde se indicó que el sistema que compraría la policía, supuestamente era para obtener información personal de las redes sociales y podría rayar con una invasión a la privacidad.

Según la policía “la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol) adelanta un proceso de contratación pública para la adquisición de una herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial, atendiendo los principios de contratación estatal de publicidad y transparencia, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional en la plataforma Colombia Compra Eficiente SECOP II”.

Además, indicó que “La herramienta tecnológica que está en proceso de adquisición no es invasiva, toda vez que consulta información de carácter público; por tanto, no vulnera la esfera de la intimidad personal, el habeas data, datos privados, ni se utilizará para la ubicación y rastreo de personas”.

De acuerdo con la policía, la necesidad para adquirir esta herramienta, que tiene un costo cercano a los 4.300 millones de pesos se basa en los riesgos actuales que hay en las redes sociales desde donde se realizan delitos como: o pornografía infantil, trata de personas, suplantación y estafas a través de redes sociales y ambientes virtuales, narcotráfico, microtráfico, tráfico de armas y concierto para delinquir, entre otros delitos.

Sin embargo, para algunos sectores políticos, esta adquisición que está en proceso generó resistencia por los episodios que se han conocido en el país, al recordar que desde unidades de inteligencia de la fuerza pública se han hecho perfilamientos, seguimientos y otra clase operaciones contra magistrados, políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros.

Es de recordar que SEMANA reveló en su momento, como durante la administración del general Nicacio Martínez, se hicieron perfilamientos contra diferentes personas de la opinión pública desde unidades militares.

Incluso esta situación hizo que varios generales fueran llamados a calificar servicios tras las delicadas publicaciones que se hicieron y donde además se reveló que, al parecer, se habría hecho un pacto de silencio para que las autoridades judiciales y disciplinarias no pudieran llegar a la verdad de los hechos.

Las revelaciones hicieron que desde el Ministerio de Defensa se ordenara revisar los protocolos bajo los cuales se estaban autorizando interceptaciones, seguimientos o perfilamientos de las personas que son consideradas por la fuerza pública como una amenaza para la seguridad nacional.

La situación se tornó tan delicada para la inteligencia colombiana, que el caso replicó en Estados Unidos, país que ha hecho continuas ayudas a Colombia para mejorar sus sistemas de inteligencia.

Incluso se llegó a plantear en suspender las ayudas de Estados Unidos a Colombia en esta materia, hasta que no se aclarara cuál era el manejo que le estaban dando en Colombia a los equipos de interceptaciones.

En su momento el representante demócrata Jim McGovern, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, llevó a la Cámara de su país una propuesta de enmienda al presupuesto en el rubro del apoyo a Colombia en materia de defensa.

En el documento de siete páginas que fue presentado en su momento ante los legisladores norteamericanos se aseguraba que “el equipo militar o de inteligencia o los suministros transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia bajo la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos no se deben utilizar con fines de vigilancia ilegal o recolección de inteligencia dirigida en la población civil, incluidos los defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposición política”.