La extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, volvió a poner en el centro de la discusión el pasado de uno de los hombres que participó en acercamientos de paz durante el Gobierno de Gustavo Petro y que, al mismo tiempo, era requerido por la justicia estadounidense por delitos relacionados con narcotráfico.
El señalado jefe de los Comandos de la Frontera salió del país el pasado 25 de septiembre, bajo el mandato y presencia del actual jefe de Estado, Abelardo De La Espriella, para responder ante una corte del Distrito Sur de California.
Hoy se hizo efectiva la extradición de alias “Araña” a los Estados Unidos. Como Presidente de la República hice personalmente la entrega de Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, cabecilla de los Comandos de la Frontera y requerido por la justicia de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición y yo la firmé sin dilaciones. Con esta decisión ya son 94 extradiciones realizadas durante mi Gobierno. Este acto representa mucho más que la entrega de un criminal. Es un mensaje inequívoco sobre la determinación del Estado colombiano de enfrentar al narcotráfico, golpear sus estructuras y fortalecer la cooperación con nuestros aliados para combatir un fenómeno criminal que trasciende nuestras fronteras. El narcotráfico ha financiado durante décadas la violencia, el terrorismo y las organizaciones que han sembrado dolor en nuestro territorio. Por eso estamos actuando contra toda la cadena criminal: los cultivos ilícitos, los laboratorios, las rutas, las finanzas y los cabecillas que se enriquecen a costa de la sangre y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Colombia no volverá a ser refugio de narcotraficantes requeridos por la justicia internacional. Quienes pretendan utilizar nuestro territorio para producir, transportar o comercializar cocaína deberán responder ante la justicia y enfrentar todo el peso legítimo del Estado. A los colombianos les reitero mi compromiso: seguiremos trabajando para recuperar el territorio, proteger a nuestras familias y devolverles la tranquilidad a las regiones golpeadas por estas organizaciones. Y a los criminales les dejo un mensaje igualmente claro: el Estado los va a perseguir, los va a capturar y, cuando corresponda conforme a la ley, los va a extraditar. La seguridad de Colombia no se delega. Se ejerce con autoridad, con determinación y dentro de la ley. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 25, 2026
Su historia había generado una fuerte controversia desde febrero de 2025, cuando fue detenido en Bogotá mientras participaba en conversaciones relacionadas con la política de paz total.
Fue precisamente lo ocurrido alrededor de aquella captura lo que llevó a SEMANA a dedicarle su portada del 1.° de marzo de 2025 y a denominarlo el “narco VIP”.
Una investigación rigurosa reconstruyó, a partir de una bitácora reservada de la Fiscalía, el tratamiento que recibió Rojas durante las horas posteriores a que agentes del CTI llegaran para hacer efectiva una circular roja de Interpol.
El operativo que se extendió durante horas
Alias Araña se encontraba en un hotel del occidente de Bogotá cuando, hacia las 8:15 p. m. del 12 de febrero de 2025, investigadores le notificaron la circular roja emitida ese mismo día a petición de Estados Unidos.
Rojas manifestó que era negociador de paz y se negó inicialmente a entregar su identificación hasta comunicarse con Armando Novoa, entonces jefe negociador del gobierno con las disidencias de las Farc. Según la bitácora conocida por SEMANA, durante el procedimiento también intervinieron otros integrantes del equipo encargado de los diálogos.
En ese momento, Gustavo Petro se encontraba de viaje por Oriente. En medio del procedimiento, Armando Novoa buscó distintas alternativas para resolver la situación de Rojas.
Fuentes que participaron en el operativo le confirmaron a SEMANA que se comunicó con el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien tenía funciones presidenciales delegadas durante la ausencia del mandatario. Las gestiones también involucraron al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, mandos de la Policía e incluso representantes de la Iglesia católica.
Las llamadas, inicialmente, no destrabaron la situación. Horas después entró en escena Armando Benedetti, quien para entonces se desempeñaba como jefe de despacho de la Presidencia. De acuerdo con los testimonios recogidos por SEMANA entre los investigadores, Benedetti manifestó que adelantaría gestiones frente al caso hacia el mediodía.
Novoa reconoció posteriormente a SEMANA que existían reparos frente a la posibilidad de llevar a Rojas a las instalaciones de la Fiscalía. “A nosotros nos parecía inconveniente que el señor Rojas fuera trasladado al búnker de la Fiscalía. Hasta ahí le puedo contestar”, afirmó.
Luego, llegó al lugar Otty Patiño, entonces comisionado de paz. El documento de la Fiscalía registró que Patiño pidió conocer las razones de la diligencia y sostuvo una comunicación con la entonces fiscal general, Luz Adriana Camargo.
El comisionado Otty Patiño acusó al CTI de la Fiscalía de un “entrampamiento contra la paz” por la captura de alias Araña, comandante de los Comandos de Frontera. https://t.co/if1kX8qDUN Video: Canal Nariño TV https://t.co/NMDQKn7AnW
— Revista Semana (@RevistaSemana) February 13, 2025
El procedimiento continuó durante varias horas y Rojas terminó entregando sus documentos cerca de la medianoche. El episodio, sin embargo, no terminó allí.
Del hotel a otro alojamiento y después al Cespo
Uno de los hechos que alimentaron la denominación de “narco VIP” ocurrió después de hacer efectiva su detención. En lugar de ser llevado inmediatamente a una instalación carcelaria, Rojas pasó aquella madrugada bajo custodia en otro hotel de Bogotá.
A la mañana siguiente fue trasladado al búnker de la Fiscalía para continuar el procedimiento. Allí, de acuerdo con la investigación, tampoco permaneció esposado como normalmente sucede en este tipo de procedimientos.
La discusión se concentró entonces en dónde debía permanecer detenido. Funcionarios de la Fiscalía consideraban que debía quedarse bajo custodia del CTI, mientras representantes del equipo negociador defendían otra alternativa por su condición dentro de los acercamientos de paz.
Finalmente, Rojas fue trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el noroccidente de Bogotá, donde se le asignó un alojamiento. Esa sucesión de episodios, el paso por hoteles, la ausencia de esposas durante parte del procedimiento y su posterior permanencia en instalaciones policiales, fue la base de la portada con la que SEMANA reveló el caso y lo presentó como el “narco VIP”.
Pese a que intentó durante varios años evadir la circular roja escudándose en estar dentro de un proceso de paz, SEMANA conoció varios de los argumentos por los cuales era requerido por la justicia estadounidense.
“Comandos de la Frontera estaba encabezado por Rojas, quien tenía más de 1.000 combatientes repartidos por sus territorios a lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana. Los hombres de Rojas eran uno de los grupos criminales más poderosos del sur de Colombia, ubicados estratégicamente en el área de Putumayo, que es una de las principales regiones productoras de cocaína del país, y tenían una influencia significativa sobre la cadena de suministro del tráfico de cocaína en todo el mundo y, específicamente, en los Estados Unidos”, indicó el documento oficial.
El documento además reveló: “Tenía control total sobre la frontera entre Ecuador y Colombia, desde Puerto El Carmen de Putumayo (Ecuador) hasta Nariño (Colombia), y decidía quién estaba autorizado a producir, distribuir y comprar cocaína en la zona. A principios de 2019, Rojas comenzó a imponer tarifas de tráfico en la frontera entre Colombia y Ecuador. Cobraba aproximadamente entre 200.000 y 300.000 pesos colombianos por kilogramo de cocaína, como impuesto para operar en su territorio controlado”.
De gestor de paz a ser extraditado
El expediente de Araña volvió a tomar fuerza con el cambio de gobierno. Rojas había sido designado gestor de paz y sus órdenes de captura en Colombia habían sido suspendidas desde abril de 2024; esa suspensión, según explicó en su momento la Fiscalía, no anulaba la circular roja de Interpol solicitada por Estados Unidos.
Además del proceso de extradición, recientemente la Fiscalía le imputó su presunta responsabilidad en 16 homicidios ocurridos en Caquetá. Las investigaciones documentaron 13 ataques en los que murieron, entre otras víctimas, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
Finalmente, el Gobierno De La Espriella autorizó su extradición al considerar que no existían aportes verificables de Rojas al proceso de paz. El 25 de septiembre fue entregado a las autoridades estadounidenses para responder por los cargos que enfrenta en ese país.
Así terminó, por ahora, el capítulo colombiano de un hombre que pasó de sentarse en escenarios relacionados con la paz total y recibir un tratamiento que desató cuestionamientos a abordar esposado un avión rumbo a Estados Unidos.
El mismo alias Araña, cuya historia SEMANA llevó a portada hace más de un año, bajo un calificativo que terminó acompañándolo hasta su extradición: el narco VIP.