La recién elegida presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, hizo un nuevo llamado para que se respeten las decisiones que emitan los jueces y magistrados. En su intervención, en el marco de la celebración de los 34 años de la Constitución Política de 1991, la magistrada hizo un recuento de varias decisiones que se han tomado y que no siempre han sido bien recibidas por un sector de la sociedad o de la política.
En este sentido, recordó que en Colombia existe la división de poderes públicos, hecho por el cual la justicia tiene una independencia clara y definida. Este fue uno de los pilares fundamentales en la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente que hace tres décadas le dio el ‘sí’ a la creación de una nueva Carta Política y de paso a un tribunal encargado de su vigilancia y protección.

“El cumplimiento de la misión de la Corte Constitucional la aleja de la confrontación política propia de las instituciones que, como el Congreso de la República, asientan sus bases precisamente en la representación de intereses y en la anulación, en muchos casos, de intereses y en la anulación, en muchos casos y a través del discurso, de los intereses que se oponen a ellos”, enfatizó la presidenta del alto tribunal.
“La labor del juez constitucional, por el contrario, no se basa en la contienda entre las fuerzas políticas, no depende de la representatividad de las mismas y no exhibe una pretensión dirigida a que sus decisiones sean validadas por las mayorías políticas coyunturales”, añadió durante su intervención.
Presidenta de la Corte Constitucional envió un fuerte mensaje para que se respeten las decisiones de los jueces y magistrados. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8jVPwZNcg8
— Revista Semana (@RevistaSemana) February 17, 2026
En otro de los apartes de su discurso, la magistrada manifestó que las decisiones de la Corte Constitucional han marcado varios antecedentes en la administración de justicia, resolviendo discusiones complejas y extensas que afectaban a una gran cantidad de personas.
“Su quehacer le exige independencia, rigor en la reflexión, ponderación en sus decisiones, transparencia en su actuación y, en muchos momentos, valentía para asumir posturas que, aunque generan desacuerdos, son necesarias para la consolidación del Estado social de derecho, bien sea para el control del ejercicio del poder o para la garantía de los derechos fundamentales”, agregó.
Las decisiones del alto tribunal han sentado precedentes frente al acceso a la salud, las pensiones, los acuerdos de paz, los derechos de parejas del mismo sexo, la protección de migrantes, entre muchos otros.
“En un sistema de pesos y contrapesos, en el que el principio de colaboración armónica es pieza clave del engranaje institucional, todas y cada una de las autoridades públicas debemos actuar siguiendo las reglas del juego previstas en la Constitución”, aseveró la presidenta del alto tribunal.