A través de un comunicado oficial, el director general encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Álvaro González, anunció que se adelanta un plan especial para garantizar el proceso de vinculación de los diferentes contratistas que apoyan la gestión de los diferentes servicios de Bienestar Familiar.
En primer lugar, explicó que los procesos de contratación están englobados en trámites más generales que involucran otras entidades.
“A partir del 29 de diciembre de 2022 las diferentes entidades del Estado permanecían atentas a las claridades sobre la aplicación de la circular conjunta 100-005 de 2022, emitida por el Departamento Administrativo de la Función pública, en relación con la suscripción de los contratos de prestación de servicios”, dijo.
A renglón seguido, confirmó que, buscando mejorar la atención a los menores y que se presten los servicios con normalidad, se adelanta una priorización para el Instituto.
“No obstante, a partir del alcance de su aplicación generada el 30 de diciembre por parte del Ministerio de Trabajo en el marco de sus competencias, ha permitido tener puntos de consenso en su aplicación progresiva, con lo cual y de acuerdo a las necesidades del servicio público de Bienestar se han iniciado las acciones pertinentes para contar con la capacidad institucional para la atención a la población más vulnerable del país”, sostuvo Álvaro González.
El encargado, que está desde La Guajira, insistió en que el trabajo en el ICBF no puede detenerse porque su misionalidad de proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Colombia es permanente.
Este pronunciamiento se dio luego de una queja que SEMANA reportó en la mañana de este miércoles.
Atención: 6.148 cargos en el ICBF estarían listos para ser repartidos; escandalosa denuncia en la entidad
De acuerdo con trabajadores del Instituto, existen 8.856 puestos de trabajo y, adicionalmente, otros 6.148 por prestación de servicios que no se habrían adjudicado. Nueva polémica para Concha Baracaldo, su directora.
Las polémicas para la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concha Baracaldo, no terminan. A la temprana salida del secretario general, José Antonio Parrado, y la firma de resoluciones de encargados, se sumó otra controversia: las demoras en la contratación de 6.148 trabajadores de la entidad que están vinculados mediante contratos de prestación de servicios.
La información fue entregada por la presidenta nacional del sindicato de la entidad, Ana María Arévalo, quien le confirmó a SEMANA la “preocupación” de los trabajadores ante esta situación.
Según Arévalo, el ICBF tiene una planta de 8.856 trabajadores y, adicionalmente, 6.148 que están vinculados por contratos de prestación de servicios y que se vencieron el pasado 30 de diciembre.
“Son unos trabajadores que desarrollan funciones misionales y tienen perfiles como trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, técnicos administrativos y financieros y abogados que cumplen sus funciones en las defensorías de familia y equipos de supervisión de los contratos y que, por supuesto, son una necesidad para la prestación del servicio y la continuidad en los procesos en la entidad”, afirmó la funcionaria.
Según ella, “desde el mes de octubre hemos solicitado a esta administración que se realicen todos los procesos precontractuales que son necesarios, porque es un número muy alto de contratistas, para que se pudiera dar la continuidad de tal manera que no se interrumpa el servicio”.
“Infortunadamente, al día de hoy no tenemos conocimiento de que ya se haya iniciado la contratación del personal y esto, obviamente, interfiere la prestación del servicio de los centros zonales, regionales y de la misma sede de la dirección general”, afirmó Arévalo, quien agregó que Baracaldo es “la directora del Instituto” y que “debe estar pendiente de este proceso, por supuesto”.
Uno de los principales temores en diferentes círculos es el destino de estos 6.148 cargos en el ICBF, tomando en cuenta que, como lo denunció Arévalo, no se conoce que los procesos de contratación hayan comenzado en la entidad y no se sabe a qué personas serán adjudicados estos contratos de prestación de servicios.