Primicia | Los contratos por $27.000 millones que tienen en problemas al exalcalde de Barrancas y a un alto funcionario del MinDeportes

La firma de dos millonarios contratos en la Alcaldía de Barrancas, en La Guajira, en el año 2022, son al parecer la punta del iceberg de otro escándalo de corrupción de inmensas magnitudes de nuevo en esta región donde la pobreza y la falta de agua abundan.

Pese a los múltiples anuncios del actual Gobierno para frenar la corrupción y ayudar a La Guajira, lo cierto es que los desfalcos continúan y los protagonistas reciben contratos y altos cargos en entidades del Estado.

SEMANA conoció en exclusiva el auto por medio del cual la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria en contra de nueve exfuncionarios de la Alcaldía de Barrancas por la celebración irregular de dos contratos que rozan los 27 mil millones de pesos.

Entre los nombres se destaca el de Iván Mauricio de Jesús Soto, exalcalde de Barrancas en el período 2020-2023, y Carlos Aníbal Peralta Carrillo, secretario de Gobierno de dicha Alcaldía. Los dos hacen parte de clanes políticos fuertes y tradicionales de La Guajira.

La indagación parte de la queja presentada por las constantes irregularidades que se habrían presentado, en primer lugar, en la declaratoria de “importancia estratégica” para Barrancas, tras la celebración de un Consejo de Gobierno con el fin de atender las principales problemáticas de la municipalidad que no supera los 40 mil habitantes.

Desde el despacho del alcalde se ordenó la firma de dos contratos que ocasionaron endeudamiento y, por ende, un posible detrimento en el patrimonio de la Alcaldía sin que existiera justificación, pues el municipio tenía “80 mil millones de pesos en liquidez”, aseguró uno de los denunciantes que por seguridad pidió no publicar su nombre.

Para esto, se firmaron dos contratos de empréstitos: uno por 19.200 millones de pesos y otro por 8.900 millones. Según resalta la queja disciplinaria, para ese entonces el municipio contaba con un flujo de caja suficiente y no existía ninguna necesidad de generar endeudamiento.

El primer convenio tenía como fin la demolición y adecuación de la plaza principal, mientras que el segundo para las obras de bordillo en las vías. “Nada que pueda catalogarse como una prioridad”, aseguró el accionante.

En la apertura de la investigación, se indica la necesidad de establecer la justificación de estos contratos cuando “al parecer, el municipio contaba con aprobación suficiente y disponible del sistema general de regalías para financiar dichos proyectos”, por medio del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) que promovía el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El Clan Soto

Soto Balan y su familia han sido mencionados en el escándalo por la compra de los 40 carrotanques que compró en octubre de 2023 la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para llevar agua potable para varios municipios de La Guajira, entre estos, Barrancas.

Varias fuentes que pidieron reserva de su identidad advirtieron que el Clan Soto, del cual hace parte el exalcalde de Barrancas, fue uno de los beneficiados con la celebración del polémico contrato por 67 mil millones de pesos.

En febrero de este año fueron fotografiados el entonces director de la UNGRD, Olmedo López y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, junto al exalcalde Iván Mauricio Soto, entregando uno de los polémicos carrotanques que nunca sirvieron. Como postal, aparecían trece niños indígenas sonriendo al lado del vehículo que nunca pudo prestar un servicio.

Este clan estaría conformado por el actual representante a la Cámara Juan Loreto Gómez Soto, el exalcalde de Barrancas, Iván Mauricio Soto, y el actual mandatario municipal, Vicente Beraldinelli. También la excongresista conservadora María Cristina Soto de Gómez, a quien recientemente la Corte Suprema ratificó su llamado a juicio por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal por los hechos de corrupción electoral que se habrían presentado para las elecciones del 2018.

Mientras que Peralta Carrillo es actualmente el director de Fomento y Desarrollo del Ministerio del Deporte. Una fuente le aseguró a SEMANA que es “cuota” del Clan Soto y del Partido Conservador que “manejan a su antojo” el Ministerio del Deporte y otras entidades en La Guajira.

Pese a las denuncias por malos manejos administrativos durante su gestión, Peralta pasó de la muy cuestionada Alcaldía al Gobierno que prometió luchar contra todas las formas de corrupción y de cerrar filas ante todos aquellos funcionarios cuestionados.

La casa en el aire

Este no es el único problema que enfrenta la administración pasada del municipio de Barrancas. La Procuraduría General también tiene en la mira las irregularidades en la celebración del contrato por 20 mil millones de pesos para la construcción de viviendas de interés social. Por lo que el pasado 9 de junio abrió una indagación preliminar.

Pese a que el contrato fue firmado en 2023, y recientemente recibió una adición, firmada el pasado 28 de diciembre, de 10 mil millones de pesos, hasta el momento solamente se ha construido una vivienda que no contaría con las condiciones técnicas para su uso y que únicamente sirvió para una postal de “cara a las elecciones” de octubre.

El terreno para la construcción fue una donación de la que se tienen más dudas que certezas. La indagación vincula a funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía que habrían utilizado esta construcción para obtener votos de cara a las elecciones del 2023.

El organismo de control disciplinario quiere establecer si el Contrato de Obra 182 de 2023 le fue entregado “a dedo” al Consorcio Nuevas Casas 2023, así como la idoneidad y experiencia de esta empresa en temas de construcción.